Turno de palabra

Seminarios

Medios de comunicación públicos y medios de comunicación del gobierno. La libertad virtual.

(Ponencia que debí presentar en el coloquio sobre el centenario de la guerra Cuba, organizado por la Fundación Carlos de Amberes en diciembre de 1998, al cual no pude asistir por enfermedad

En algunos ambientes periodísticos en mi país decimos, irónicamente por supuesto, que "con Franco vivíamos mejor". No es que la profesión periodística estuviera entonces mejor considerada, ni que los periodistas estuviéramos más dignamente retribuidos, ni que la transparencia informativa fuese más efectiva o la opacidad informativa menos densa.

"Con Franco vivíamos mejor" se refiere exclusivamente a la circunstancia de que con Franco la labor del periodista, contemplada retrospectivamente, era más fácil porque todos o al menos la mayoría, nos reconocíamos en la necesidad de acabar con el régimen del dictador. La mayor parte de los propietarios privados de los periódicos parecían de acuerdo en trascender aquel sistema asfixiante y en abrir una nueva etapa para España de superación definitiva de la guerra civil.

En los medios de comunicación públicos, que dominaban la escena, la poderosa cadena de periódicos del Movimiento, la radio, y la televisión entonces aún timorata, numerosos profesionales defendían con honor la libertad de expresión, la mayoría de las veces al precio de unas retribuciones discriminatorias, unos cometidos más duros, una inseguridad en el trabajo y unas persecuciones morales o policiales.

Era, salvados estos inconvenientes, una época gratificante para el periodista español.

Su aspiración de libertad y democracia conectaba plenamente con las de una nación que tenía las mismas aspiraciones; el afán de servir de alguna manera a la sociedad en que se vive, que está casi siempre en el origen de las vocaciones periodísticas, se veía a diario reconfortado por la evidente utilidad de su labor.

"Con Franco vivíamos mejor" porque el objetivo a abatir era claro, distinto, diferenciado, y evidente: acabar con cuarenta años de dictadura personal. El poder de convocatoria y la sencillez del programa eran sólo comparables a la misma sencillez y permanencia del primer mensaje moral para toda sociedad humana contenido en los Diez Mandamientos.

La actividad profesional de aquellos años estaba regida por un catálogo de mandamientos sencillos que constituían nuestra especie de juramento hipocrático: libertad, justicia y verdad. Al defender a esos valores satisfacíamos la exigencia primera y última que en aquel entonces creíamos que justificaba nuestra profesión de servir a la sociedad, contribuir a su cohesión, y ayudar al progreso moral, cultural y material del ser humano.

Formábamos parte de una ecuación con sólo dos variables, la sociedad y dentro de ella el periodista, y el régimen anacrónico de la dictadura. La incógnita era cómo y cuándo íbamos a llegar a un régimen democrático que nos homologara con el resto de los países de la Europa occidental.

Los periodistas, los grupos sociales, los partidos políticos de la oposición (sólo había oposición) y los sindicatos gozábamos de un amplio margen de simpatía, consideración y credibilidad entre la sociedad, cuyas esperanzas compartíamos y defendíamos.

Nuestras informaciones y nuestros artículos eran leídos, con frecuencia comentados, y siempre creídos porque la única servidumbre que reconocíamos era con la verdad. Podíamos, con más honradez que fundamento, creer y así lo reafirmábamos en constantes ejercicios retóricos, que constituíamos el Cuarto Poder, un cuarto poder, junto a los tres poderes clásicos.

No podíamos decidir, pero nuestra palabra sugería o estimulaba decisiones; no podíamos legislar pero nuestras denuncias forzaban la renuncia a una ley o la modificación de otra; y por el contrario juzgábamos en cada ocasión en nuestros tribunales de papel, ciertamente más ágiles y rápidos que los tribunales de verdad.

Nuestros juicios no se guiaban por la ley, instrumento del poder que la creó para perpetuarse y acrecentar su dominio sobre la sociedad, sino que respondía a los dictados de un corazón que dábamos por descontado que latía a diapasón con la sociedad, los humildes, los grupos marginados y las minorías, y a favor de la tolerancia con todas las diferencias, culturales, raciales, religiosas y otras.

Veíamos cumplido aquello que Edmond Burke había señalado dos siglos antes cuando la imprenta había dado nacimiento al periodismo y al periodista, y éste había recibido el poder de dirigirse a toda la nación. "En el Parlamento veo tres Estados, pero en la galería de los periodistas se sienta un Cuarto Estado mucho más importante que los otros tres juntos", había dicho el filósofo inglés. ¿Se trataba de una frase ingeniosa, de una simple figura retórica? Sea cual fuere la intención, los periodistas hemos hecho de ese Cuarto Parlamento o Cuarto Poder el "pêché mignon", venial unas veces capital otras, de nuestro ego profesional y el espejo de Narciso en el que queremos vernos reflejados. Realista o no, actuábamos como si verdaderamente lo fuéramos.

Ese ejercicio requiere, en tanto que Cuarto Parlamento cuya importancia nadie niega aunque sólo sea con fines declamatorios, la inmunidad del Parlamento real porque la ley marcha con frecuencia con retraso con respecto a la evolución de la sociedad, y la defensa de la sociedad requiere a veces colocarse, en el terreno de la defensa de las ideas y de las situaciones, en contra de la ley. En contra de la ley se ha tramitado durante muchos años en nuestro país la defensa de la libertad de expresión, de asociación, de culto religioso o de prensa y gracias a que en su momento la ley fue ignorada, en el presente ya no es necesario seguir ignorando la ley en esos dominios.

Como el Parlamento, sin embargo, toda inmunidad requiere una limitación que en el primer caso ejerce soberanamente la propia Cámara con su potestad de suspenderla o no, pero no existe ninguna institución superior habilitada para lo mismo en lo que concierne a la prensa y los periodistas.

La transición democrática en España se tradujo en un considerable reforzamiento de la prensa privada. No solo del diario El País, que surge y se consolidad durante la transición por la confianza que le conceden sus lectores. Se refuerza también, como testimonio y garantía de la vitalidad de la nueva etapa política, la prensa que según el vocabulario entonces al uso llamábamos de "derecha". Se cumple así lo que Thomas Carlyle decía con dos siglos de anticipación: "El que tenga voz que hable. La nación es gobernada por todo el que tenga voz en ella. En esto consiste la democracia". La consigna de una revista de la transición, "libertad sin ira" expresa con mayor fuerza grafica pero de manera más breve, la misma idea.

La pluralidad parece entonces garantizada y el respeto mutuo también. Los periodistas teníamos una gran libertad para investigar y exponer ante nuestros conciudadanos los trapos que toda empresa humana y toda acción política ensucia. Las reglas del juego no imponían más que una limitación: la necesaria e imprescindible veracidad de los hechos relatados. El incumplimiento ocasional de este requisito llevó a algunas empresas periodísticas durante la transición a tomar medidas dramáticas con quienes lo conculcaron.

Por primera vez en la historia del periodismo español los periódicos enviaban de manera casi sistemática corresponsales y enviados especiales a capitales que no son Paris, Washington, Londres, o Roma y el lector español se enteraba de que el mundo era más ancho y vasto que la geografía que esos cuatro nombres sugiere. No sólo es más vasto, sino que sufre y padece otros problemas. Conceptos como subdesarrollo económico, intercambio desigual, guerra de liberación, lucha por la independencia nacional, e incluso teología de la liberación, entraron en nuestro vocabulario diario.

En el caso español, la influencia decisiva del gobierno en la prensa, a través de la propiedad de los principales medios y de una formidable artillería legislativa apuntando a los privados, impidió que los españoles siguiéramos, por ejemplo, las guerras de los pueblos africanos por su independencia de los años sesenta. De ellas supimos por los mismos medios casi clandestinos que nos informaron de nuestra propia realidad desde el exilio, los exiliados, en Paris o por los propios medios franceses.

La única excepción fueron las pugnas y guerras con Marruecos, con respecto a las cuales y por ser el gobierno español parte, intentaba a través de los medios de prensa de su propiedad crear el mismo estado de opinión integrista nacionalista con que tratamos hace un siglo a la guerra de Cuba.

El diario El País a partir de su fundación en 1976 rompió con la tradición bien anclada en el sector reverencial del periodismo español de no informar más que a través de las notas oficiales de prensa en lo que respecta a la realidad nacional, y a través de segundas manos, habitualmente norteamericanas o británicas, de lo relativo al resto del mundo.

La guerra de Cuba de 1895-1898 vuelve a mi mente de nuevo como ejemplo de la enorme erosión que son capaces de causar los gobiernos, de cualquier signo que sean, cuando controlan los medios de comunicación, el servilismo humano que provocan, la indigencia intelectual que favorecen, y la miseria creativa a que condenan.

Aquella guerra, que la retórica oficial consideraba como el acontecimiento histórico más decisivo de la historia reciente de España, sólo fue cubierta por algunos -pocos- corresponsales de periódicos que se disputaban los partes oficiales que producía la Capitanía General, con frecuencia fantasiosos e incompletos. Ni un solo periodista español ofreció desde Cuba una visión discrepante, discordante o por lo menos crítica de aquella guerra, aunque en honor de quienes hubieran querido hacerlo hay que decir que probablemente no hubieran logrado publicar opiniones discordantes.

En aquellos tiempos era necesario hacer encaje de bolillo con las palabras para superar las varias censuras colocadas en el camino de toda información. En la etapa final de aquella guerra de Cuba, que desde el punto de vista de la información se parece extraordinariamente a la guerra del Golfo de 1990/1991, los periódicos españoles informaban desde La Habana sobre todo de las notas oficiales que les suministraba a sus corresponsales la Capitanía General de la Isla. Como compensación, otros corresponsales españoles en Paris, Londres, Nueva York o Washington, recogían los que decían los enviados especiales de los periódicos de esas capitales que ellos sí acompañaban a las tropas norteamericanas en la última fase (1898) de la guerra, seguían los combates desde el frente, y entrevistaban a los jefes de la insurrección cubana.

Muchos de ellos quisieron entrevistar también a los jefes militares españoles pero se encontraron con un muro de incomprensión cuando no veladas amenazas. Pero no sólo fueron los periodistas españoles. Ningún político español de relieve viajó a Cuba en esos cuatro años de guerra a pesar de que la consideraban fundamental para la estabilidad de España y de la propia monarquía, y uno que viajó, Don Emilio Canalejas, dio lugar al vigilar de forma negligente su correspondencia, a uno de los principales argumentos esgrimidos por Estados Unidos para entrar en guerra contra España.

Bien es verdad que todo esto es pasado, pero es también cierto que si las virtudes del pueblo español son permanentes, también sus defectos se han hecho inmunes a los antibióticos de la historia. En aquella guerra de Cuba, entre enfermedades y combates España perdió a cerca de 200.000 soldados (entonces su población era de 16 millones de habitantes); el gobierno envió -en el mejor de los casos por una cuestión de honor- deliberadamente a la destrucción a una flota que el Almirante Cervera y todos sus oficiales querían salvar; rindió la ciudad de Santiago de Cuba frente a solo 8 mil norteamericanos en estado de combatir cuando tenía en la provincia de Oriente más de veinte mil hombres que no utilizó porque de nuevo el gobierno tenía prisa por capitular; y por último dio por terminada la guerra cuando sólo había perdido Santiago de Cuba y el resto de la Isla, incluidos los cerca de 80.000 hombres de que disponía en la provincia de La Habana, permanecía en sus manos.

Hoy estamos convencidos de que España hubiera perdido a medio plazo aquella guerra, pero al menos no hubiera salido a patadas de la historia de las naciones poderosas de su tiempo. A los efectos que aquí interesan lo que quiero decir es que todo esto ocurrió sin que la prensa, controlada y maniatada por el gobierno, pudiera cumplir con su deber de alertar a una sociedad engañada por los mensajes triunfalistas y fanfarrones del gobierno, pero también por su propia concepción aristocrática del sentido imperial de España en el mundo.

Pocas voces se elevaron en aquellos años contra ese estado de cosas, y sobre quienes como Pi i Margall, Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno y otros pocos lo hicieron, recayó por muchos años el anatema del anti-patriotismo y la insolidaridad nacional.

El periodismo español, eso es una realidad, tiene aún hoy poca tradición de periodismo que persigue las noticias, que se zambulle en los ambientes donde se producen, que viaja a los lugares donde tienen lugar los hechos y busca las causas ultimas de estos.

Las historias de la prensa española, tanto nacionales como regionales, están llenas de nombres de periodistas de gran altura intelectual y de gran significación moral en la historia general de España, pero si no es en los últimos años de este siglo, pocos son los que fuera aparte de la docena de capitales cómodas del entorno político que consideran importante para el gobierno (Paris, Londres, Washington, Nueva York, Roma) o del entorno lingüístico español (Buenos Aires, Santiago de Chile, La Habana, y otras) apenas si encontramos corresponsales y ni siquiera candidatos a corresponsales.

Mucho menos frecuentados aún son aquellos escenarios donde existen guerras en marcha, causas que defender dándolas a conocer. El mundo, para la prensa en España, tiene una geometría extraordinariamente variable.

La vertiginosa introducción al campo de la comunicación de los avances tecnológicos en materia de transmisión de datos e imágenes ha dado lugar en nuestro país, como en todos, a una auténtica revolución, en todos los ámbitos relacionados con la comunicación.

Las grandes inversiones que la comunicación requiere ha tenido el efecto contrario al lógico: el Estado se muestra cada vez más dispuesto a inhibirse de esa tarea en beneficio del privado y parece condicionado por un pasado de intervención y control gubernamental de los medios de comunicación.

Esta situación paradójica es sólo aparente: la comunicación ya no es habitualmente considerada como un servicio a la sociedad, sino un negocio, aunque se siga pagando tributo a la retórica que proclama lo contrario.

El gobierno, los gobiernos, ya no necesitan tanto influir y controlar a los medios de comunicación ni para ensalzar sus aciertos ni para evitar la censura de sus errores. Los medios privados cumplen intuitivamente esa función con el gobierno de turno. La critica nunca sobrepasa lo políticamente correcto y la controversia pública queda reducida, nuestro país es uno de los casos más notorios a este respecto, a una veintena de periodistas que se repiten a si mismos en las tertulias matinales de radio, en los comentarios de mediodía, en las noticias de la tarde, en las tertulias de la noche, y se citan in extenso en los editoriales y columnas de los diarios de circulación nacional.

La extraterritorialidad de una buena parte de las decisiones en otro tiempo soberanas de un país, sirve de argumento a algunos gobiernos europeos para justificar las eventuales desviaciones de sus programas electorales, y de los posibles incumplimientos de sus objetivos económicos y sociales.

La convergencia, la necesaria convergencia europea, es el saco que acoge todos los reproches. Y en muchos lugares algunos se preguntan ya que cómo es posible que una convergencia europea, que no es más que parte del proyecto de una Europa unida, sea jerárquicamente superior a la expresión soberana de un país manifestada en sus urnas de elegir a un gobierno de un signo o de otro.

Porque una de dos, o estamos en una situación en que han desaparecido las ideologías y la traducción de estas en el reparto de las rentas de los países, o no es posible que exista una misma idea de política exterior, económica y social entre países que se han dotado de gobiernos socialdemócratas como Francia e Inglaterra, y otros que como España han optado por un gobierno de los llamados de derechas.

Tampoco sabemos cual será el impacto para la Unión Europea, que tiene su razón de ser en la democracia y la libertad, y en un alto grado de conquistas sociales, de la apertura hacia los países anteriormente llamados del Este, que se acaban de liberar del comunismo y que descubren con alegría -esperemos que sea por poco tiempo- lo más salvaje del capitalismo ya superado en el resto de los países europeos.

¿Hemos llegado a tal grado de convergencia política en Europa que hablar de gobiernos socialistas, socialdemócratas, cristianodemócratas, o derechas ya no tiene ningún sentido práctico? ¿Es tan grande la convergencia que permite la equiparación de regímenes monárquicos o republicanos: vivir bajo una Monarquía ya no es diferente a vivir bajo una República? Si es así hemos logrado algo tan importante en política como pudiera ser para la climatología la desaparición de las estaciones.

Bien es verdad que en Europa ya no existen sociedades inestables o que conserven una capacidad de sorpresa política. Que todos los gobiernos gestionan bien el paro en sus propios países aunque, como es el caso de España, éste sea el más elevado de toda la Unión Europea. Y es verdad que esa tranquilidad política induce a convertir al periodismo en espectáculo y divertimento, reduce la necesidad de información, sobre todo información perturbadora que pueda incidir sobre nuestras conciencias como es toda la procedente del llamado tercer mundo.

También es verdad que si algo caracteriza a esta sociedad de la información es precisamente la saturación de la información que su vez provoca la desinformación como resultado del desinterés a que da lugar el bombardeo a que nos vemos sometidos diariamente de informaciones igualmente valoradas tanto si son de entornos cercanos como lejanos a nosotros.

En este caos informativo los gobiernos ya ni siquiera tienen que influir llamativamente sobre los medios de comunicación porque probablemente nada de lo que se comunica sea susceptible de afectarles de una manera significativa.

Ninguna información importante puede ser realmente ocultada, de la misma manera que ninguna decisión de gobierno, positiva o negativa, tiene posibilidades de ser ignorada. Tal vez las desviaciones del legítimo ejercicio del poder, principalmente los casos de corrupción administrativa por ejemplo, requieran un mayor esfuerzo investigativo por parte del periodista.

Lo verdaderamente importante, sin embargo, es a mi modo de ver, que la divulgación de hechos de corrupción, errores administrativos, conculcación de derechos ya sea de minorías o de individuos, medidas de gobierno lesivas para los intereses profesionales o económicos de los individuos, injusticias, pocas veces suscitan ya una reacción, un sentimiento sea éste de repulsa o complacencia, y mucho menos provocan una sensación de que estamos directamente involucrados o concernidos por él.

No podía ser de otra manera en un mundo que informa de forma simultánea y atropelladamente, sin continuidad, de que un tren de alta velocidad chocó con un puente en Alemania y causó más de cien muertos; que un terremoto en Afganistán produjo más de 3000 muertos, que un desbordamiento en India causó la muerte de 1.300 personas; al mismo tiempo que me dice que el gobierno español afirma que el índice de parados será del 11 por ciento a fines de año, o que el Ibex-35 bajó hoy, al cierre, un 0,25 por ciento.

El sector de los medios de comunicación de titularidad pública es, por periodos alternativos, particularmente reconfortante o endiabladamente hostil para los profesionales, según éstos estén catalogados. Cada cuatro años, el tiempo de una legislatura, se puede pasar de ser un periodista de reconocido aprecio y reputación, al rincón del olvido más total y viceversa.

Existen, es un hecho, las cárceles de papel para una producción intelectual determinada, que es como decir para un periodista determinado. Nuestra condición es peor que la de un criminal común porque aquel sabe quien le acusa, por qué motivo lo hace, tiene la oportunidad de defenderse y, en ultimo extremo, el derecho a un juicio justo y a una sentencia ajustada a derecho.

La desaparición de la primera línea de la información a que se puede castigar al profesional es más cruel que la penalización que se impone a los delitos comunes. Se desaparece porque se desaparece. Nadie parece ser responsable de la decisión y nadie parece estar en condiciones de explicar los motivos. No hay explicaciones al condenado, ni juicios previos que motiven las decisiones adoptadas contra él.

Cada cambio de gobierno viene un nuevo Presidente y cada nuevo Presidente trae con él o coopta en el seno del medio afín el entorno más íntimo de sus colaboradores en materia de comunicación e imagen.

Se trata de una regla del juego antidemocrática pero comúnmente aceptada que constituye lo que nosotros mismos legitimamos al calificarlo de "reglas del juego". Es antidemocrático porque dos circunstancias que concurren en el que conculcan por igual los más elementales principios democráticos: la primera es la presunción de que el partido que está en el poder tiene derecho a influir en la información a través de los medios de titularidad pública; la segunda es el juicio de intención, también antidemocrático, contrario al espíritu de la Constitución, y ofensivo para las personas, de que los profesionales que trabajan en un medio determinado, por sus simples preferencias ideológicas, son capaces de manipular la información en beneficio del partido al cual votan.

El corolario de esas dos injustas presunciones, la mayoría de las veces no verificadas, es el convencimiento de que es necesario cambiar a las personas para cambiar las actitudes. Y en consecuencia con ello, en cada legislatura se produce un baile de cargos de dirección, curiosamente llamados “de confianza”. Una confianza que siempre se sobreentiende que es para el grupo político dominante o gobierno en el poder. Eso si que implica un partidismo destinado a influir sobre el producto final de la empresa.

Los movimientos en el escalafón de una empresa publica son tan profundos y llegan hasta el escalafón de la misma que le parezca conveniente a su Presidente, casi siempre un hombre ajeno a la empresa y destinado a ese cargo por poseer el mérito de inspirar seguridad al partido que gobierna.

La absoluta falta de control y transparencia de las retribuciones extraordinarias, de las promociones y nombramientos, de la creación y movimiento de puestos, el inexistente control objetivo de la calidad en el trabajo, de los conocimientos y aptitudes para ejercerlo, se prestan a la arbitrariedad más absoluta y descontrolada.

El descontrol lo facilita y amplifica la ausencia de planes estratégicos de desarrollo del medio, de estudios de mercados y de proyectos previos, y de reglamentación interna para los movimientos de personal.

Unas y otras cuestiones facilitan la conducción de una empresa de este tipo con un elevado grado de voluntariedad, política o no, y como consecuencia de ello con la posibilidad de conculcar a la vez muchos derechos de los profesionales que componen el medio.

Es sabido desde que el Barón de Chamfort teorizara sobre ello, que el éxito de las empresas depende de la permanente divulgación de sus objetivos entre quienes han de llevarlos a cabo, del trabajo en equipo para lograrlos, y de la satisfacción que inspira una retribución justa y equitativa.

En nuestra empresa, el periodismo en general, no se dan ninguna de esas circunstancias. No existe ninguna comunicación digna de mencionar entre la Dirección de la Empresa y los periodistas y otros empleados que la componen; no existe ningún trabajo en equipo sino todo lo contrario, la compartimentación estanca de los trabajos entre redacciones, entre direcciones, entre delegaciones, y entre secciones de una misma dirección.

La retribución no solo no es satisfactoria sino que es irritantemente insuficiente por la considerable pérdida de poder adquisitivo en los últimos 15 años, y por la distancia retributiva que nos separa de las retribuciones de la prensa privada e incluso de la publica televisiva.

Si todos estos males han sido moneda corriente en los medios públicos desde tiempos inmemoriales y bajo todos los gobiernos, en la actualidad se acentúan por los intentos abiertos por parte de los directivos de turno, denunciados, de intervenir en un sentido preconcebido sobre la información disponible, de reprimir los intentos de información independiente, y de hacer cada vez más sedentario y burocrático el ejercicio de una profesión en beneficio de la información precocinada que suministran los gabinetes oficiales de prensa.

Por último, y tal vez lo más grave, parece existir el propósito de llevar a una dimensión antes nunca conocida las habituales hibernaciones de profesionales, los tradicionales corrimientos de puestos, mediante un proyecto de jubilaciones anticipadas por motivos de edad o de bajas incentivadas que tendrían como consecuencia, de llevarse a cabo, la inevitable descapitalización de la empresa de su principal capital que es el conocimiento, experiencia y saber hacer acumulado de sus profesionales "seniors".

La operación se apoya en el argumento demagógico que sugiere que con ello se facilita el acceso al trabajo de numerosos profesionales jóvenes que recién comienzan, y se recuesta en el comprensible deseo de estos de garantizarse un puesto mejor mediante el corrimiento vertical de los escalafones.

En una empresa desgraciadamente organizada sobre ese sistema de carácter militar, del escalafón de mando, que ya ni siquiera en el Ejército resulta útil excepto para retribuir mejor al mayor tiempo dedicado a la milicia, ello va en detrimento de la profesionalidad, del deseo de superación y de hacerlo mejor, que sería inevitable si esas fueran las condiciones establecidas para avanzar. La implantación de las categorías profesionales, tantas veces prometidas, podrían ayudar a resolver este problema.

El resultado global en los últimos 30 o 40 años ha sido el empobrecimiento intelectual de éste medio publico que es EFE, la incapacidad confirmada de sus cuadros directivos para proponer soluciones imaginativas acordes con los avances tecnológicos y las tendencias de los mercados de la información, y como resultado de ello el empobrecimiento constante de la inmensa mayoría de los periodistas de fila que trabajan en ella.

La información va dirigida a la sociedad en su conjunto y siendo veraz, justa e independiente es como únicamente cumple su objetivo de ser un factor de cohesión de la sociedad misma. El periodista no debe tener más preocupación en su búsqueda de la información ni más limitación para que se le facilite la difusión de sus informaciones que la verdad de lo que comunica.

Por eso necesita, para poder ejercer su profesión con independencia y sin temor aunque al mismo tiempo sin abuso, de un marco independiente de trabajo y no de gobiernos o partidos celadores. Un marco auténticamente independiente no existe pero el más plural es sin ninguna duda el Parlamento.

Nadie cuestiona el derecho de un gobierno de nombrar a sus ministros porque de esos nombramientos se deriva la posibilidad de poder aplicar las políticas del programa de su partido votado por los electores que le dieron la victoria.

Pero la información de los medios públicos o privados, es patrimonio de toda la sociedad y toda la sociedad tiene derecho a ver reflejada en ella sus preocupaciones, recogidos sus problemas, y solicitada la solidaridad del resto de la nación para ellos. Un gobierno, ningún gobierno, ofrece la suficiente garantía de objetividad para garantizar esa libertad de información y de expresión que la sociedad exige.

De la misma manera, los profesionales de una empresa de titularidad pública no tienen ninguna garantía de que van a poder ejercer su función social sin la protección que puede ofrecerles una -por ejemplo- comisión profesional o de redacción, que además tenga capacidad de arbitrar entre el profesional y la dirección sobre cuestiones estrictamente profesionales, y de ser interlocutor de una eventual comisión parlamentaria de la información.