Revista Española de Defensa

Noviembre 2004

Sahara Occidental, el asunto pendiente

Hace más de treinta años que el conflicto del Sahara Occidental es uno de los protagonistas de la agenda de las Naciones Unidas. El Secretario General y el Consejo de Seguridad -que en este tema apoya infatigablemente sus gestiones- se esfuerzan para lograr que se celebre un referéndum que permita, de acuerdo con la doctrina y principios de la ONU, la celebración de unas elecciones libres en las que el pueblo saharaui pueda ejercer libremente su derecho a la autodeterminación.

Mediación

Han sido tres décadas de intenso trabajo en las que la ONU ha tenido que desplegar sus mejores armas para intentar aproximar las posiciones de Marruecos y el Frente Polisario. Ambos se enfrentan desde 1975 por un pedazo de tierra -el Sahara Occidental- que los dos consideran suyo. Tras 13 años de guerra, en 1988 firmaron un acuerdo de paz, pero aún no se ha alcanzado una solución definitiva. Ahora, la comunidad internacional parece más dispuesta que nunca a intentar conseguirlo. En este principio de siglo XXI, y ya desde los últimos años del XX, cada vez hay más convencidos en el seno de la ONU de que no es posible prolongar indefinidamente algunos conflictos -en buena parte, como el del Sahara, provocados por un proceso de descolonización que debería estar ya superado- y que es necesaria una mayor determinación para solucionarlos.

También la Unión Europea y España, históricamente muy vinculada a esta zona, ha mostrado su respaldo a la ONU en su política hacia el Sahara. Nadie duda de que el prolongado bloqueo de este proceso incide negativamente sobre la política exterior de la Unión Europea hacia el Norte de Africa y perturba las posibilidades de construcción de un Magreb unido, democrático y asociado con Europa. Además, informes recientes de la ONU han denunciado el uso del territorio del Sahara Occidental y de la zona de Tinduf como paso o refugio temporal de un número en constate ascenso de inmigrantes clandestinos. También algunos expertos en terrorismo han denunciado la posibilidad de que el Sahara se esté convirtiendo en campo de entrenamiento para algunas células de radicales islamistas.

Plan de Paz

A lo largo de estos treinta años, cinco Secretarios Generales de la ONU, más de seis representantes especiales y un enviado personal se han esforzado, sin mucho éxito, en lograr que las partes se pongan de acuerdo sobre algunas de las varias propuestas que les han sido presentadas.

La última Resolución al respecto, la 1541, se aprobó el pasado día 29 de octubre. En ella, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió prorrogar hasta el 30 de abril de 2005 el mandato de la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental). Esta misión, creada en 1991, es la responsable de realizar los trabajos técnicos previos al referéndum y, debido a las permanentes dificultades, su mandato se ha tenido que prorrogar en sucesivas ocasiones. El objetivo último de la reciente prórroga es que el nuevo representante especial del Secretario General para la zona, Alvaro de Soto -que sucedió al norteamericano James A. Baker tras su dimisión en junio 2004- pueda lograr un acuerdo aceptable allí donde todos sus predecesores han fracasado.

En esta última resolución, el Consejo de Seguridad también determina el documento de trabajo para lograr un acuerdo: el Plan de Paz para la autodeterminación del Pueblo del Sahara occidental , presentado por Kofi Annan hace ya año y medio, en mayo de 2003 y respaldado poco después por el Consejo de Seguridad. Este Plan de Paz sintetiza y reúne los aspectos más importantes de otras dos iniciativas anteriores: el Plan o Propuesta de Arreglo de 1988 (elaborado por el anterior Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar), y el Acuerdo Marco presentado en mayo de 2001 por James Baker y conocido como Tercera Vía. En resumen, el nuevo Plan establece un periodo transitorio de no menos de cuatro años y no más de cinco después de su entrada en vigor para la celebración de un referéndum que determinará el estatuto definitivo del Sahara occidental. Las personas que podrán votar en el referéndum serán: todos los mayores de 18 años que según la Comisión de Identificación de la ONU reúnan las condiciones para votar y figuren en la lista provisional de votantes establecida el 30 de diciembre de 1999 (83.386 votantes); quienes figuren en la lista de repatriación establecida por la ACNUR a 31 de octubre de 2000; y quienes hayan residido en el territorio desde el 30 de diciembre de 1999. El Plan deja bien claro que las decisiones de la ONU serán inapelables y que será este organismo internacional quien determine en última instancia qué personas tienen derecho a votar.

Posición de las partes

El Frente Polisario aceptó el Plan el 6 de abril 2003; sin embargo, Marruecos rechaza aspectos esenciales como el periodo transitorio de autonomía -Rabat considera que sería una fuente de incertidumbre que podría iniciar un periodo de inseguridad e inestabilidad para el conjunto del Magreb- y la opción de la independencia contemplada en el estatuto futuro del territorio por estimar que el carácter definitivo de la autonomía no es negociable.

En principio, la aceptación del Frente Polisario ponía fin al espinoso asunto de las fracciones H41, H46 y J51/52, que salió a la luz en 1995 y generó la retirada ese año del Frente Polisario del proceso de identificación. La cuestión es importante porque esas fracciones (las categorías en las que se ha agrupado la población para elaborar el censo) constituyen las tres únicas categorías (de un total de 88) que eran agrupadas en una sola según el Censo Español de 1974 (es decir, el anterior a la retirada española del Sahara) y que englobaba bajo un mismo encabezamiento a miembros de varios grupos descritos como Tribus del Norte y Tribus costeras del Sur. El Frente Polisario cuestiona los vínculos con el Sahara de las 65.000 personas de esas fracciones que pretenden votar en el referéndum y de las cuales, un 90 por ciento viven actualmente en Marruecos.

Una labor complicada

La paradoja y la dificultad de la misión del nuevo Representante Especial, Alvaro de Soto, estriba en que tiene que lograr en seis meses lo que no ha sido posible lograr en los últimos quince años: que las partes se pongan de acuerdo sobre los detalles técnicos de la aplicación de las condiciones del referéndum. Numerosas cuestiones -como las preguntas a plantear en el referéndum; la lista de votantes autorizados por la Comisión de Identificación de la ONU a votar; o el intercambio de prisioneros- han impedido que el acuerdo pudiese materializarse en avances concretos. En el asunto de los prisioneros, Marruecos afirma que el Frente Polisario mantenía a 1.686 militares marroquíes a pesar de que el conflicto armado terminó en 1988 (los saharauis afirman que las escaramuzas han continuado) y el Polisario afirma que el gobierno de Rabat tiene en sus cárceles 207 presos políticos del Polisario.

Las posiciones de las partes, sobre todo con respecto a las dos primeras cuestiones -las preguntas del referéndum y las listas de votantes- son contradictorias y no parecen haber cambiado en absoluto. Sin embargo, sí parecen funcionar las medidas de confianza propuestas que ya han dado lugar a visitas de familias entre los campamentos de Tinduf y el Sahara y que según las previsiones se van a traducir en 2005 en el establecimiento de algunas comunicaciones telefónicas y telegráficas entre Tinduf y el Sahara y en la celebración de seminarios conjuntos.

El Plan de Paz determina también que la autoridad transitoria en el territorio hasta la celebración del referéndum -los órganos legislativos, ejecutivo y judicial establecidos de acuerdo con este documento-, tendrán los poderes propios de un gobierno local. Las relaciones exteriores, la seguridad y la defensa nacional, aduana, correos y telégrafos, la bandera, y la moneda, seguirán siendo responsabilidad de Marruecos hasta la determinación del estatuto final del territorio.

Origen histórico

Un mínimo de historia diplomática parece necesaria para facilitar la comprensión global de las fases por las que ha atravesado. Es evidente que, como ocurre en los conflictos de larga duración, el paso del tiempo ha ido añadiendo datos y circunstancias nuevas que complican aún más su solución y favorecen objetivamente a quien ostenta el poder del territorio cuestionado. No obstante, en este caso, la ONU ha mantenido una coherencia doctrinal incuestionable. Todas las Resoluciones emitidas recuerdan que se basan en la Carta de las Naciones Unidas (Capítulo XI relativo a la descolonización de los Territorios no Autónomos) y en la “Declaración de Concesión de Independencia a los Países y Pueblos Coloniales”, aprobada por la Asamblea General en 1960.

Ya en referencia clara a este área, la primera resolución de la Asamblea General de la ONU en favor de la autodeterminación del Sahara Occidental fue aprobada en 1965 con el título de “Cuestión de Ifni y Sahara Español”. Esa resolución pedía al gobierno español que “adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los Territorios de Ifni y del Sahara español de la dominación colonial y que con ese fin emprenda negociaciones sobre los problemas relativos a la soberanía presentados por esos dos territorios”.

Las dos zonas -Ifni y Sahara español- aparecen juntos en esa resolución de la Asamblea General. La explicación está en que en enero de 1958 y como consecuencia de una reorganización por el gobierno español de la denominada “Africa Occidental Española”, se crearon las provincias de Ifni y Sahara. Aquella organización provincial quedaría sin efecto práctico tras el Acuerdo de Cintra de abril de 1958, que puso fin a la guerra de Ifni entre España y Marruecos: Madrid cedió a Rabat Tarfaya - o país Tekna-, la zona comprendida entre el río Draa y el paralelo 27. La ciudad de Sidi Ifni conservada por España, sería cedida el 4 de enero de 1969 mediante un acuerdo ratificado por las Cortes en abril del mismo año.

La década de los años setenta es pletórica en acontecimientos importantes relacionados con el Sahara Occidental. A finales del año 1975 urgía encontrar una solución: el general Francisco Franco estaba hospitalizado en estado de suma gravedad y el gobierno de Marruecos mantenía muy activa su política de apoderarse de un territorio que consideraba suyo (buena prueba de ello fue conocida como Marcha Verde). El 14 de noviembre de 1975 se firmaron en Madrid los Acuerdos Tripartitos, por los que España renuncia a la administración del territorio y la cede a Marruecos (Sakiet el Hamra) y a Mauritania (Ued ed-Dahab o Tiris el Gharbia). El 26 de febrero del año siguiente abandonan el territorio los últimos soldados españoles mientras las tropas y la administración marroquíes se instalan en él. El Frente Polisario, creado en 1973, respondió proclamando el 28 de ese mismo mes la República rabe Saharui y Democrática (RASD).

Los Acuerdos Tripartitos de Madrid constituyen la primera modificación histórica del estatuto del territorio. La segunda tendría lugar cuatro años más tarde, en agosto de 1979, cuando mediante los Acuerdos de Argel con el Frente Polisario, Mauritania renuncia al Tiris el Gharbia. Marruecos actuaría con presteza y antes incluso de que los representantes mauritanos abandonaran el Sahara, el entonces poderoso ministro del Interior, Driss Basri, instaló como gobernador del territorio a un hombre de su máxima confianza.

Implicación internacional

La ONU, que en 1975 se había limitado a tomar nota de la decisión española, fue después mucho más explícita. En noviembre de 1979 aprobó la Resolución 34/37 en la que “deplora profundamente la agravación de la situación, como consecuencia de la persistente ocupación del Sahara Occidental por Marruecos y de la ampliación de esa ocupación al territorio recientemente evacuado por Mauritania”, “pide a Marruecos que ponga fin a la ocupación del territorio del Sahara Occidental”, y exhorta al Polisario a buscar una solución “política justa, duradera y definitiva de la cuestión del Sahara occidental” de acuerdo con los principios y resoluciones de la ONU y de la OUA.

En noviembre de 1980, la Asamblea general de Naciones Unidas pide negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario. Comienza un largo proceso que culmina con un principio de acuerdo que recoge la Resolución 621 de 20 de septiembre de 1988 y que pone fin a 13 años de guerra entre ambos. Esta Resolución acepta y hace suyo el Informe del Secretario General, entonces el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar, que incluye el antes citado Primer “Plan de Arreglo”.

Sin embargo, la euforia inicial fue perdiendo fuerza ante las dificultades reales. Próximo a terminar su mandato en 1991, Pérez de Cuellar estuvo a punto de arrojar la toalla. Su sucesor, el ghanés Kofi Annan comenzó con nueva energía que, ahora, una década después, parece también muy erosionada. Kofi Annan nombró como Enviado Personal al ex Secretario de Estado norteamericano, James A. Baker III, quien después de numerosos encuentros con las partes logró reunirlas en Houston en 1997 y arrancarles un acuerdo de principio.

Tres nuevas rondas de conversaciones técnicas celebradas en Londres, Ginebra y Berlín en el año 2000 constataron la imposibilidad de hacer avanzar el proceso. En medio del desánimo, James A. Baker presentó un Acuerdo Marco el 8 de mayo de 2001 bautizado por los medios de comunicación como Tercera Vía o Plan Baker y que no pudo finalmente ser puesto en práctica.

Ese nuevo fracaso permite comprender la impaciencia mostrada a veces por Kofi Annan, que puede inferirse de algunas de las afirmaciones contenidas en sus informes al Consejo de Seguridad. “Se tardó 5 años en negociar las propuestas de la ONU y el Plan de Arreglo; diez años más en tratar de aplicar ese plan. Entretanto toda una generación de refugiados saharauis nació y creció en los campamentos de Tinduf en tanto que otros muchos de la primera generación han fallecido ya sin haber podido regresar a su hogar”, escribía en su Informe de 17 de febrero del año 2000.

En un nuevo informe al Consejo de Seguridad de 19 de febrero de 2002 Kofi Annan calificaba de “sombrías” las perspectivas del proceso de paz en el Sahara occidental y sometía a la consideración de ese organismo la situación real en la zona y la validez de su trabajo. El respaldo del Consejo fue claro, y solicitó al Secretario General que continuara sus esfuerzos: Baker volvió a la región en enero de 2003 para someter a la partes el ya mencionado “Plan de Paz para la Autodeterminación del pueblo del Sahara occidental”. Ahora, la Resolución aprobada el pasado mes de octubre le ha dado un nuevo impulso. Dónde y cuándo se producirá el milagro que allane el camino hacia una solución definitiva es hoy imposible de predecir, pero, al menos, se trabaja por vislumbrarlo.