Diario 16

España-Marruecos, unas relaciones que necesitan un repaso general

En los últimos días algunos miembros del gobierno no estuvieron muy afortunados en sus declaraciones públicas. Al margen de Doña Celia Villalobos y sus hogareñas alusiones a los calditos de ternera, el ministro Josep Piqué podía haberse ahorrado la comparación entre etarras y palestinos. Tampoco el presidente del gobierno, José M. Aznar, debería haber explicado en tono de amenaza después de la ruptura de las negociaciones sobre pesca lo que son y serán lógicas, legítimas e inevitables inhibiciones del gobierno español en su relación con Marruecos.

A fin de cuentas el jefe del ejecutivo acababa de realizar, junto con la Unión Europea, un acto legítimo de gobierno, probablemente acertado, de no aceptar el precio y las condiciones que Marruecos imponía para volver a admitir a los pesqueros españoles en sus caladeros. Era innecesario darle una dimensión política traumática a lo que es una situación absolutamente normal en las transacciones entre países: uno pide un precio y el otro no lo paga por elevado

Ya se sabe que una amenaza invita a otra y el gobierno de España, lo mismo que el de Marruecos por cierto, deben preservar los intereses de las casi 900 otras empresas españolas que "faenan" en Marruecos en medio de, es necesario decirlo, una notable inseguridad jurídica.

Pero volviendo a la ruptura pesquera en concreto, lo cierto es que los acuerdos con Marruecos, al menos desde los años ochenta, son todos caros. A tal punto que se puede afirmar que el precio del pescado que procedente de Marruecos se consume en España y otros países europeos está, técnicamente, subvencionado. Los armadores, y luego toda la cadena de intermediarios que lo llevan al supermercado, repercuten en el precio solamente el coste de las licencias por pescar, que es lo único -aparte de las mordidas- que ellos pagan. No se contabilizan en ese precio del pescado ni los créditos blandos o a fondo perdido, las ayudas técnicas o la conversión de deuda en fondos para la inversión ni la aportación financiera extraordinaria de la UE de 90 millones de Euros anuales.

En realidad, todos los acuerdos de pesca anteriores fueron negociados con la misma escenografía: los gobiernos llegaban a una situación de “impasse” técnico y luego intervenían los reyes respectivos que, con unas llamaditas entre ellos, desbloqueaban una situación es de esperar que normalmente bloqueada. Lo que ha faltado esta vez son las llamadas entre reyes. Afortunadamente, porque no era nada edificante que allá donde había fracasado los gobiernos por incompatibilidad de intereses los reyes lo enmendaran.

Esta vez, y eso también es nuevo, Marruecos ha sucumbido a las fuertes presiones de un sector pesquero marroquí en embrión en el que pesan ya mucho los intereses de una cierta cúpula militar y por supuesto el gran conglomerado pesquero marroquí Maroc-Peche y otros.

Es verdad que españoles y marroquíes por sí solos no han logrado nada significativo en la estrategia que los dos gobiernos aceptaron de creación de empresas mixtas que permitiera a los marroquíes desarrollar su propio sector pesquero y atacar conjuntamente, en lo que a la comercialización del pescado se refiere, terceros mercados, sin dejar a la vez de interesar con garantías de duración a los españoles. Pero también es verdad que los potenciales socios marroquíes vacían de contenido toda posibilidad de asociación cuando pretenden que sus aportaciones se limiten a prestar un nombre.

Así es que la reconversión de la flota andaluza de pesca se puede dar por sentenciada a menos de que ocurra un chalaneo de última hora que no debería tener lugar puesto que ya ambas partes han certificado que, en las condiciones planteadas, el acuerdo de pesca no les interesa. También es verdad que la reconversión de la flota andaluza, que a su vez es la que por la antigüedad de sus barcos y otras razones ha dado lugar en el pasado al mayor número de incidentes entre los dos países, es solicitada por la otra parte y admitida por España desde prácticamente el acuerdo de 1983 que firmado después de un largo y traumático período en las relaciones pesqueras, estipulaba que se fijaba el plazo de cuatro años de duración precisamente para permitir esa reconversión.

Otra cosa es que los pescadores y armadores andaluces, los principales afectados y perjudicados, desconfíen razonablemente de que los famosos 500 millones de euros que la UE parece dispuesta a pagar para la reconversión de la flota les vayan a permitir mantener su trabajo y facilitarles mejores condiciones técnicas para realizarlo. Lo que sí está claro desde ahora es que ya muchos pequeños armadores marroquíes se disponen a pujar por la adquisición de esos barcos andaluces siempre y cuando se les haya “lavado la cara”.

Naturalmente, no es sólo el gobierno español el que tendrá que afrontar la difícil y traumática reconversión de la flota con todo el coste social que ello implica. El gobierno marroquí, al ceder a las presiones de sus armadores, no parece tampoco haber calculado que ni éstos ni nadie está en condiciones de compensarle por el lucro cesante que se derivará de esta ruptura con la UE. En cualquier caso, la pesca no es un asunto banal entre España y Marruecos.

Por primera vez en siete siglos la flota de pesca española dejará de faenar en los caladeros marroquíes. Desde que esa actividad comenzó a estar regulada entre Rabat y Madrid, a partir de lo Acuerdos Tripartitos sobre el Sáhara de 1975 fundamentalmente, es también la primera vez que los dos países no llegan a un entendimiento.

Se trata, si es definitivo, de un acontecimiento de carácter histórico, emocionalmente tan importante como la perdida de presencia española en el Sáhara o en Ifni a donde, desde tiempos remotos, fuimos precisamente detrás de la pesca.