Reportajes varios
Los grandes criminales, sin guarida :: 22/06/2001
Avanza una justicia globalizada para combatir los delitos más allá de las fronteras
Domingo del Pino Gutiérrez. La Clave 22-28 de Junio de 2001
Ningún secreto puede ser guardado eternamente, ni ningún crimen debe quedar sin castigo. Esta doble aspiración permitió llenar miles de páginas de literatura universal, desde la Biblia hasta Dostoyewski. Pero la ausencia de impunidad no ha sido lo bastante disuasoria, puesta en la balanza con lo que el crimen reporta al criminal, y los hombres en lugares cada vez más localizados, siguen atentando contra los derechos de otros hombres.
Las matanzas de Srebenica y Kosovo, el genocidio de Ruanda y Congo, y los miles de muertos por violencia y torturados en otros países, confirman lo extendido del crimen. Particularmente odioso resulta el de aquel a quien la sociedad le ha otorgado algún poder sobre los demás, por la manifiesta desigualdad que implica pero, fuera de este islote occidental en que vivimos, ningún dictador, príncipe o rey esta libre de sospecha.
El poderoso siempre encontró plumas asalariadas o serviles que le animasen, le coreasen y le defendiesen y hasta con la excusa de bien educar al “Príncipe” en la tarea de gobernar, han teorizado incluso sobre la crueldad y criminalidad inevitable a todo buen gobierno. A los “Consejos a Mi Señor” de Ibn al Muqafa del siglo XI y “El Príncipe” de Maquiavelo sólo los separan una decena de siglos, pero la idea es la misma.
Para ellos había como una cierta elegancia en los crímenes de una aristocracia que estaba allí por derecho divino y por lo tanto para mandar. Pero en el siglo veinte y en lo que va de éste, algunos poderes han procedido de guerras, de revoluciones, de revueltas sociales, de golpes de Estado y en estos casos, salvo si se guillotina de una vez por todas como en la revolución francesa, el crimen resulta más sucio y además los muertos parecen rebelarse contra su triste destino.
Hoy es esperanzador contemplar como las sociedades civiles, los familiares o los amigos de los afectados, por justicia o por venganza, conservan la memoria viva, rechazan los puntos finales que se les proponen y reclaman justicia.
Internet un eficaz instrumento contra los genocidas
La exigencia más masiva y organizada de justicia y reparación, porque el crimen fue también el más masivo y cruel quizá de todos los tiempos, es la de los judíos supervivientes del holocausto nazi, al que seis millones de víctimas convierten en el más horrible crimen contra la humanidad que conserva la memoria. Simón Wiesenthal, uno de aquellos supervivientes, con un paciente y constante trabajo de recopilación de testimonios y documentos, no sólo logro que aquel horror sea hoy el mejor documentado de toda la historia, sino que siguió las huellas de famosos nazis huidos con identidades falsas, a los cuales localizó y llevó de grado o por fuerza ante la justicia.
Algunos casos fueron sonados, como el de Klaus Barbie, juzgado finalmente en Lyon en 1987 o el del tétrico Doctor Joseph Mengele, descubierto en la Argentina, de donde pudo escapar a Paraguay para morir, aunque algunos lo dudan, ahogado en 1978 en Brasil.
Otras asociaciones han logrado un tardío y probablemente insuficiente acuerdo de compensación, que tiene más valor moral que resarcidor, con bancos y compañías de seguros de Suiza, Alemania, Polonia, Austria, que no mostraron ninguna diligencia particular por encontrar a los posibles herederos de sus depositantes o titulares asesinados.
Pero lo más llamativo contra la criminalidad ocurre desde hace unos años en que el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, o los nuevos delitos medio ambientales, se han convertido en globales y como tales se hizo necesaria la aparición de una justicia globalizada con mecanismos de prevención y castigo también globales. La aparición de Internet como el más formidable y variado depósito de información de acceso inmediato, permite atacar al crimen y exigir justicia allá donde se desplace el criminal.
El secreto administrativo, la censura de prensa o la falta de libertad de expresión en el propio país, dejaron de tener sentido desde que alguien siempre puede revelar un secreto, presentar una denuncia o expresar una idea censurada en cualquier parte del mundo. Las múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos o la propia Organización Internacional de Justicia, resultan muy eficaces allí donde el crimen escapó a la justicia del país en donde se produjo. Estas organizaciones han demostrado una buena capacidad para convertirse en acusación particular en casos demostrados de tortura y asesinato.
Romper el silencio administrativpo
Gracias a ello, la familia del asesinado ex canciller chileno Orlando Letelier, pudo romper el muro administrativo que protegía el secreto de ese crimen. Los datos, escasos, de la revelación demuestran que el entonces Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger alentó al dictador chileno Augusto Pinochet en su intento por derribar al gobierno legalmente constituido del Presidente Salvador Allende y luego de reprimir y diezmar a la izquierda chilena.
La lectura extrapolada de esos hechos, bien conocidos de una CIA entonces dirigida por George Bush senior, sugiere que los gobiernos democráticos tienen esas debilidades cuando sus intereses están en juego y mientras tienen garantizado el secreto, aunque condenen los mismos hechos cuando el secreto es revelado.
La detención en Inglaterra durante un viaje personal en octubre de 1998 del ex dictador Pinochet a petición del juez español Baltasar Garzón, sentó un formidable precedente al confirmar que la reparación de cualquier crimen puede ser reclamada en cualquier parte sin importar lo elevado de la posición de la persona incriminada. Los dictadores con crímenes a sus espaldas han restringido desde entonces considerablemente sus salidas y puede que las restrinjan aún más a medida que se generalicen las denuncias.
El caso Pinochet no es ya más que el primero de una larga lista de notorios criminales que empiezan a ser reclamados a las justicias de sus propios países o las de los que les cobijan. Es el caso de la acusación contra el exdictador de Chad, Hissene Habré, refugiado en Senegal e imputado por un tribunal senegalés en febrero del 2000. La imputación fue rechazada unos meses más tarde, pero fue recurrida ante el tribunal supremo de Senegal.
Hissene Habré, llamado el Pinochet africano, está acusado de crímenes contra diversas etnias de su país como los Sara, los Hadjeras, y los Zaghawa y de asesinatos en masa cuando creía que los líderes de éstas estaban contra su poder. Una Comisión para La Verdad, puesta en marcha por su sucesor le acusó de decenas de miles de asesinatos así como de haber metido la mano en el tesoro nacional.
Pero como la mayoría de los oficiales que le sucedieron en el poder fueron co-responsables de esas matanzas, los hallazgos de la Comisión para la Verdad fueron archivados. Una Asociación de Víctimas de la Represión y el Crimen político intenta lograr lo que el gobierno de Chad no parece dispuesto a corregir.
Las acciones emprendidas por un tribunal cantonal de Ginebra contra Abdullah Kallel, ex ministro tunecino del Interior por crímenes y torturas, causaron un gran impacto en Túnez. Aunque el expediente de inculpación es impresionante, no se espera que sea extraditado para ser juzgado, pero para las familias de los torturados la simple inculpación es interpretada como el comienzo del fin de la impunidad. Otros piden también la inculpación del que fuera su Secretario de Estado, M’Hamed Ali Guenzui, a quien consideran tan implicado en las torturas o más que Kellal.
Por cierto que Túnez es uno de los países pioneros en el Norte de Africa en sus intentos de someter a censura la Web y como escribe el periodista Sihem Bensedrine, después de haber sido el primero en abrirse a las nuevas tecnologías de red es el último en que sus ciudadanos puedan utilizarlas. Les frenó inicialmente el precio prohibitivo de la conexión y el escaso numero de proveedores de acceso.
Bélgica cuenta con una legislación avazada
Para el particular crear un página web es casi imposible tanto por el precio como porque el proveedor de acceso está asimilado en la legislación tunecina al editor de una publicación y por lo tanto sometido a la estricta Ley de Prensa. Según el mismo periodista, en el ministerio de Comunicación reside la Policía de la Información que cuenta con un material ultrasofisticado adquirido a la Marina francesa y a Italia con una capacidad de escucha y grabación equivalente a todas las comunicaciones entrantes y salientes de Túnez durante siete días.
Otra orden de arresto, belga, concierne al ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática del Congo, Yerodia Abdulaye Ndombasi, acusado de crímenes contra la humanidad. El gobierno congolés argumenta que esa orden belga viola la integridad territorial del Congo y limita la inmunidad diplomática de Yerodia en sus actuaciones como ministro.
Para las organizaciones de derechos humanos, por el contrario éstas constituyen una ”parte esencial del sistema emergente de justicia internacional” y “contribuyen a romper la barrera de inmunidad con la que muchos tiranos y torturadores se protegen en sus propios países”.
La ley permite a los tribunales belgas perseguir a individuos acusados de crímenes de guerra y otras atrocidades independientemente de que el crimen tenga conexión con Bélgica o no o de que el acusado se encuentre presente en suelo belga. Yerodia está acusado de haber incitado públicamente por televisión en 1998 a la matanza de ciudadanos de la etnia tutsi.
La acción más reciente es la emprendida en Paris por los familiares de los desaparecidos en la guerra de Argelia, apoyados por la actriz Isabelle Adjani, contra el general retirado Khaled Nezzar, ex ministro de Defensa. Khaled Nezzar había viajado a Paris el pasado 25 de abril para participar en la presentación de su libro “Jaque a una regresión programada” (Echec a une regresión programmée), editado por Publisud, que en parte responde a otros libros aparecidos también en Francia y que inculpan al Ejército argelino en crímenes y torturas y le acusan de pasividad y falta al deber de proteger a los ciudadanos en el caso de algunas matanzas sonadas como la de Bentalha, en las afueras de Argel. La posibilidad de que los familiares pudieran interponer alguna acción ante la justicia francesa dio lugar a la partida apresurada de París del general argelino.
Otros muchos militares y civiles se encuentran ya en listas que circulan por Internet y en posesión de las organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Lo primero que tenemos que lograr, dicen en estas, es que los criminales jamás se sientan seguros cuando muestren el pasaporte en la frontera de algún país democrático al que viajen.
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