Hassán II, el poder
En el centro del universo marroquí, como sol y motor del sistema, celebrado y adulado, cantado por sus mínimas acciones, se encuentra Su Majestad el Rey. Hasán II, Malik (Dueño y señor de bienes y personas), Emir al muminin (Príncipe de los Creyentes), trigésimo quinto descendiente del Profeta Mahoma en línea directa [1], vigésimo primer titular del trono de los alauitas, nació el 9 de julio de 1929, en el Palacio Imperial de Rabat. Su madre, Lala Abla, había sido tomada como esposa tres años antes por el sultán Mohamed V.
«A los siete años», escribe Hasán II en su libro *El Desafío* [2], «ya estudiaba nueve horas al día, cinco en árabe y cuatro en francés». Para que sus hijos pudieran adquirir una educación selecta, Mohamed V fundó el Colegio Imperial de Rabat, una institución que se mantiene aún hoy, y donde cursan estudios los príncipes y los hijos de las grandes familias marroquíes, junto con algunos de los mejores y más destacados alumnos del reino.
Mulay Hasán terminó allí el bachillerato francés y una licenciatura en árabe. Después estudió en el Centro de Estudios Jurídicos, anexo rabatí a la Universidad de Burdeos, donde obtuvo un diploma de estudios superiores de Derecho. El 20 de agosto de 1953 Mohamed V fue enviado al exilio por Francia, que le sustituyó por Ben Arafa, un sultán dócil y obediente, al cual tuvo que revocar, debido a la presión popular, para volver a instalar en el trono a Mohamed V.
Sidi Mohamed regresó el 16 de noviembre de 1955, después de más de dos años en el exilio. Los prisioneros políticos fueron liberados y comenzó un proceso de negociaciones con Francia y España que culminó en abril de 1956 con la firma del Acuerdo de Independencia. Mohamed Ben Yusef se convirtió así en el vigésimo soberano de la dinastía alauita con el nombre moderno de Rey Mohamed V. Su hijo Mulay Hasán se hizo cargo de las relaciones exteriores, de la creación de los órganos de seguridad del Estado, y de dotar a Marruecos de unas Fuerzas Armadas y Ejército fieles a la Corona.
El partido Istiqlal intentó limitar el poderío que comenzaba a adquirir ese Ejército, utilizando para ello los mecanismos financieros y presupuestarios a su alcance. El actual lider socialista, Abderrahim Buabid, que ocupaba entonces la cartera de Finanzas, se refirió un día ante el Alto Comité de Defensa Nacional al precio demasiado elevado que comenzaba a costar el equipamiento de esas fuerzas armadas. El príncipe heredero Mulay Hasán le cortó secamente la palabra y dijo: «No se trata de un ejército popular, ni de un ejército para desfiles. Se trata de las Fuerzas Armadas Reales. Reténganlo bien, señores, reales.»
Cuando el 27 de febrero de 1961, a los cinco años de la independencia, Mohamed V falleció durante una operación quirúrgica a la que se había atribuido escasa importancia, el príncipe Mulay Hasán se convirtió en el vigésimo primer soberano alauita, con el nombre de Hasán II. Hasán II está casado. Su segunda mujer, Lala Latifa Hamu, beréber de la tribu de los Zaián, es la única que le ha dado hijos y por lo tanto es la primera dama del reino, a los efectos que ello tiene en país musulmán. De ella tiene cinco hijos, tres hembras y dos varones.
El rey vive con frecuencia alejado de la capital, donde se encuentra el Gobierno, la Administración, el Parlamento y las embajadas extranjeras, y distribuye su tiempo por sus palacios en Fez, Marrakesh y Casablanca. Pasa habitualmente los veranos en su palacio en la playa de Sjirat (Rabat), y temporadas de invierno en su palacio de Ifrán (Fez). Hasán II se levanta tarde, almuerza más tarde aún, y despacha ya casi llegada la noche. Sus ministros están para entonces agotados, por el nerviosismo de las largas horas de espera que pasan intentando adivinar qué puede preguntarles el rey y qué respuesta darle.
La familia real (los ascendientes del rey, sus descendientes en línea directa, sus esposas, sus hermanos, sus hijos de los dos sexos, sus hermanas y sus tíos) es un concepto jurídico precisado por el artículo 160 del Código Penal. Las ofensas contra el rey y su familia están fuertemente penalizadas, y aunque el Código Penal ha sido revisado a la baja en los últimos años para determinados delitos o injurias que pueden considerarse políticos, en el caso de la familia real las penas siempre fueron aumentadas.
Los besamanos al rey con motivo de cualquier ceremonía solemne o no forman parte del protocolo de la monarquía marroquí. Archivo fotográfico D. del Pino
No tiene nada de particular que con el inmenso control que dispone el rey en sus manos de las instituciones y de los hombres, sus partidarios se sientan seguros y confiados a pesar de las advertencias que suponen las crisis sociales. Mulay Ahmed Alaui, ministro sin cartera, y director de los diarios oficialistas *Le Matin du Sahara* y *Maroc Soir*, ha calificado este sistema de gobierno de «hasanismo, filosofía del optimismo». Para Mulay Ahmed, la gran obra del reinado de Hasán II es la realización de la integridad territorial de Marruecos, de ahí que su lema favorito sea «Hasán I el conquistador, Mohamed V el libertador y Hasán II el reunificador».
En Marruecos, como en todas partes, el poder es el resultado de una legitimidad, o acumulación de legitimidades, para ejercerlo. El reinado de Hasán II ha sido una lucha constante por acaparar todas las legitimidades. Hasta la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de noviembre de 1975, ese reinado estuvo marcado por una cruenta pugna con el Movimiento Nacional, representado por el Istiqlal y los partidos que de él se escindieron, Unión Nacional de Fuerzas Populares (UNFP) y Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), por el control del poder efectivo.
La legitimidad del poder: poderes constitucionales del rey
Los nacionalistas estimaban que una vez lograda la independencia, les correspondía a ellos administrar y gobernar el país, crear sus instituciones básicas y determinar sus opciones, y al rey reinar pero no gobernar. La tentación del Istiqlal de convertirse en partido único y gobernar en solitario fue tan fuerte como su convicción de haber sido el único artífice de la independencia. Pero la historia dio a Marruecos unos sultanes que sólo concebían gobernar a la manera tradicional de la «Ciudad Musulmana» original. Para ellos el poder sólo lo concede Dios y, por lo tanto, sus prerrogativas son indiscutibles y absolutas.
Los nacionalistas, por el contrario, quisieron localizar en el pueblo la fuente de toda soberanía y poder, someter a las instituciones marroquíes al veredicto de las urnas, los gobiernos al control del Parlamento y los parlamentos al voto popular libremente expresado. La primera batalla por la legitimidad quedó solventada muy pronto en favor del rey Hasán II. Sin embargo, la controversia que constituía su trasfondo, la institucionalización sobre bases modernas del país, tiene hoy casi tanta actualidad como en 1956.
El 15 de noviembre de 1958 el rey hizo que el gobierno aprobara un «Estatuto de los partidos políticos» que, al institucionalizar el multipartidismo, fragmentó a las fuerzas políticas del país y, de paso, a la legitimidad del Movimiento Nacional. A la personalidad fuerte y absorbente del Mulay Hasán, corresponde sin duda una buena parte del mérito de lo ocurrido en beneficio de la monarquía. En lo internacional, evitó que Marruecos conociera las incertidumbres del tercermundismo revolucionario por el que se inclinaban los nacionalistas de la UNFP, y mantuvo a su país en la órbita del mundo occidental.
En el presente, e independientemente de lo que ocurre dentro de Marruecos y que interesa fundamentalmente a los marroquíes, el rey Hasán II juega un papel internacional que trasciende el peso específico de su país, que tiende a la modernización y al diálogo, y que prefiere soluciones de compromiso [3]. La Constitución de 1972, vigente en la actualidad, dispone en su artículo 24 que el rey «nombra al primer ministro y a los ministros, y pone fin a sus mandatos ya sea a iniciativa suya, o debido a dimisión». En la práctica, la formación del gobierno es competencia personal y exclusiva del rey, y los resultados electorales no le obligan en absoluto.
Después de las elecciones de 1984, no sólo el jefe del partido vencedor, Unión Constitucional (UC), Mati Buabid, no fue llamado a ocupar la cartera de Primer Ministro, como debió ser en buena lógica electoral, sino que la representación de ese partido en el gabinete no guardaba absolutamente ninguna relación con los resultados electorales.
Esas actitudes del rey son lógicas si se tiene en cuenta que la fuerza electoral de algunos partidos es de origen administrativo. La Unión Constitucional de Maati Buabid, surgida de la noche a la mañana para ganar las elecciones de 1981, debía su éxito electoral y su propia creación exclusivamente a la intervención del Ministerio del Interior, de la misma manera que también se lo debía la Reunión Nacional de los Independientes (RNI), creada tres años antes.
El artículo 59 de la Constitución de 1972 dispone que el gobierno «es responsable ante el Rey y la Cámara de Representantes» y que «después del nombramiento de los miembros del gobierno por el rey, el primer ministro se presenta a la Cámara y expone el programa que tiene la intención de aplicar». Las similitudes, en este caso, con cualquier Constitución extranjera no son más que semánticas porque la presentación del programa de gobierno, en Marruecos, es un requisito puramente formal, que a veces ni siquiera se cumple, y que no da lugar a ninguna votación ni a ningún debate por parte de la Cámara.
El artículo 23 dispone que el rey preside los Consejos de Ministros, pero la existencia de un Consejo de Ministros también se presta a confusión porque sugiere una cierta colegiabilidad en el proceso de la torna de decisiones, lo cual no es el caso. La Constitución, además, no fija ninguna regla para la convocatoria del Consejo, que depende exclusivamente del animus del soberano [4]. El rey puede decidir sin reunir al Consejo de Ministros, y tomar las decisiones importantes sobre cualquier tema, mediante las llamadas Altas Directivas Reales que son vinculantes para el gobierno.
El rey tiene la posibilidad de intervenir en el proceso legislativo de dos formas principalmente: 1) mediante la facultad que le concede el artículo 66 de poder reclamar una segunda lectura de cualquier proyecto de ley, lo cual le permite bloquear toda ley con la cual no esté de acuerdo [5], y por el artículo 67, que establece que esa segunda lectura «no puede ser negada», y 2) mediante su prerrogativa, contenida en el artículo 26, de promulgar las leyes, acción que en Marruecos tiene un carácter discrecional.
Mediante el artículo 27 el rey puede disolver al Parlamento por decreto, lo cual significa una ampliación de sus prerrogativas con respecto a la anterior Constitución de 1962, que establecía que «cuando el pueblo, mediante referéndum, aprueba un proyecto de ley rechazado por la Cámara, da lugar a la disolución de ésta». El rey no tenía en ese caso ningún poder de apreciación.
El artículo 71 precisa que «la nueva Cámara debe ser elegida tres meses después, a más tardar, de la disolución», y que entretanto «el rey ejerce, además de los poderes que le concede la Constitución, aquéllos de la Cámara de representantes». El artículo 35 le faculta para proclamar el Estado de Excepción, y el 73 para declarar la guerra. El artículo 35 fue aplicado durante cinco años, del 7 de junio de 1965 al 31 de julio de 1970, y prorrogado en la práctica desde 1972 hasta la fecha de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 sobre el Sahara.
Sea cual fuere la pugna por la legitimidad introducida con la independencia, lo cierto es que a los treinta y tres años de existencia independiente de Marruecos después del Protectorado, el rey Hasán II estuvo personal y directamente al frente del poder de manera oficial de 1961 a 1963, en condiciones de excepción de 1965 a 1970 y de 1971 a 1977. Desde las elecciones de 1977 al término de la legislatura en 1983, se sucedieron tres gobiernos con una mínima autonomía. Desde noviembre de 1983 hasta el presente, el rey gobierna en la práctica, gracias a la debilidad de los gobiernos que él mismo designa.
Los dominios reservados de la Corona
El general Ahmed Dlimi y el ministro del Interior Driss Basri. Los dos puntales del poder detrás del poder durante el reinado de Hassán II. Archivo fotográfico D. del Pino
Todas estas prerrogativas constitucionales del rey se completan con los sectores de soberanía reservados exclusivamente a su intervención, y que se llaman corrientemente en Marruecos dominios reservados de la Corona. Estos dominios reservados son, fundamentalmente, el Ministerio del Interior, el Ejército, la Policía, la Gendarmería, la política exterior y todo aquello que pertenece al dominio de lo divino, o si se prefiere y para describirlo en términos occidentales, la religión.
¿Cómo es posible, en la práctica, que el rey pueda no sólo ejercer efectivamente tantas prerrogativas y poderes, sino asegurarse la fidelidad absoluta de los encargados de ejecutar sus órdenes? La respuesta es relativamente sencilla: el monarca se garantiza la fidelidad de todos mediante un complejo entramado de puestos claves y privilegios que él personalmente distribuye.
En primer lugar, el rey nombra a los principales cargos de la función pública, del sector público y semipúblico [6]. Nombra también a todos los llamados agentes de autoridad superiores, tales como gobernadores de Prefecturas y provincias, y los Caides, los cuales, independientemente de su adscripción organizativa al Ministerio del Interior, responden en última instancia ante el rey.
El rey designa también a un cierto número de jefes de misiones diplomáticas en el extranjero. Algunas de estas misiones, como las embajadas en París, Washington y Madrid, son también dominio reservado del monarca dentro del gran dominio reservado que son las relaciones exteriores en su totalidad.
Hasán II nombra igualmente a los magistrados superiores de la justicia secular y a los de la justicia religiosa, con lo cual se asegura la existencia de un Poder Judicial absolutamente fiel a su persona, en el que puede influir, y de hecho influye, en ocasiones trascendentales. Las propuestas de promoción dentro de la magistratura las hace el Consejo Superior de la Magistratura, cuyo presidente es a su vez el rey.
Las ideas constitucionales de Hassán II
Descontando a quienes han desaparecido de escena, ya sea por muerte natural o provocada, o por haber preferido el exilio, aquellos que fueron los actores principales de las pugnas entre 1956 y 1962 ocupan todavía en el presente las primeras filas de la vida política marroquí. Hasán II, Ahmed Reda Guedira, M’Hamed Buceta, Abderrahim Buabid, Mayub Ben Sediq, Ali Yata, Mulay Ahmed Alaui y Mayubi Ahardán, entre otros, han alcanzado una longevidad política digna de figurar en el Guiness de los records.
En esos treinta y tres años de independencia y a los veintiocho de reinado de Hasán II, numerosos hombres que han ocupado importantes cargos en los gobiernos, que incluso han influido positiva o negativamente en la marcha económica del país desde sus puestos, han tenido sin embargo escasa o nula influencia sobre el debate político.
Mohamed Benhima, Ahmed Laraki, Karim Lamrani y Ahmed Osman, por sólo citar a los ex primeros ministros, o Mohamed Ufkir y Ahmed Dlimi, dos relevantes militares, considerados retrospectivamente, no parecen más que pasajeros ocasionales en la historia de Marruecos. Dos intentos de golpe de Estado han tratado de destruir el régimen político del país [7], pero todos ellos concluyeron con la eliminación física de los culpables. Estos intentos también parecen tener poca importancia en el debate marroquí. Al fin y al cabo, dicen los políticos, «sólo se trataba de sustituir a la monarquía por otro régimen».
Sin embargo, aquella constitución democrática y esa monarquía parlamentaria que reclamaba el nacionalismo han constituido la verdadera fuente de inestabilidad en estos veinte años de reinado de Hasán II. La representatividad de esos líderes, en el presente, no les viene dada principalmente por las clases económicas y sociales por las que unos y otros dicen estar respaldados, sino por la legitimidad que ellos mismos se confieren y se aceptan entre sí.
La expulsión de la escena política del líder bereber y presidente del partido Movimiento Popular, Mahyubi Ahardán, decidida en 1985 por el rey, como castigo por haber criticado a su consejero Ahmed Reda Guedira, lo confirma. La lucha por una constitución democrática se abre en Marruecos desde los primeros días de la independencia de 1956. A la muerte de Mohamed V, el 20 de febrero de Í961, la controversia se agudiza.
Las ideas constitucionales y la personalidad del rey Hasán II influirán decisivamente tanto en la elaboración de las tres Constituciones que ha tenido Marruecos – 1962, 1970 y 1972 -, como en el carácter y en la forma de la institucionalización progresiva. Intentar reducir el papel de los partidos políticos mediante las Constituciones elaboradas por él, o a partir de 1977 mediante la intervención del Ministerio del Interior en los procesos electorales en beneficio de los partidos creados por la Administración, será la constante de su acción. El 2 de junio de 1961, el rey había promulgado unilateralmente una Ley Fundamental del Reino, en cuya elaboración no habían intervenido para nada los partidos.
Con ánimos justificativos algunos autores han afirmado que la situación constitucional de Marruecos al acceder a la independencia en 1956 no es comparable a la de los otros países colonizados, en la medida en que la monarquía marroquí es una institución multi-secular, anterior al Protectorado. La Ley Fundamental sólo tuvo una vigencia de dieciocho meses hasta que fue promulgada la primera Constitución marroquí el 7 de diciembre de 1962. Como resultado de esta Constitución, el Parlamento constaría de 144 escaños elegidos por sufragio universal y 120 por sufragio indirecto.
«La Constitución que he construido con mis propias manos», diría el monarca, «es ante todo la renovación del pacto sagrado que unió siempre al pueblo y al rey. Las mismas realidades permanecen desde hace doce siglos y se hacen cada vez más imperiosas. Más que nunca el pueblo marroquí tiene necesidad de una monarquía popular, islámica y gobernante. Por eso en Marruecos, el rey gobierna. El pueblo no comprendería que no gobernase».
Las elecciones de 1977: la reconciliación nacional
La experiencia parlamentaria que se abrió con esa primera Constitución fracasó, tanto por el rechazo del Movimiento Nacional, que la consideraba una «Constitución otorgada», como por el afán del rey de recuperar incluso las parcelas de autonomía que la Constitución autorizaba para las otras fuerzas políticas. Esa primera experiencia parlamentaria fue suspendida el 7 de junio de 1965 por el rey Hasán II quien, en virtud del artículo 35, decretó el estado de excepción por un período de tiempo indeterminado, a raíz de los disturbios de Casablanca de mayo y junio de ese mismo año. Ese período de excepción se prolongó durante cinco años, hasta que fue levantado formalmente por el discurso real del 8 de julio de 1970.
*_Espléndida vista de Rabat desde el barrio del Ocean. En
primer plano el cementerio musulmán. Archivo fotográfico D. del
Pino_*
Al explicar su decisión de 1965 el rey estimó que la Constitución de 1962 contenía disposiciones que «no garantizan el funcionamiento normal del Parlamento», y que en consecuencia debía revisar ciertos artículos de ella «a la luz de la experiencia vivida para evitar al país una crisis de autoridad y los peligros de la inestabilidad». El 31 de julio de 1970 el rey sometió a referéndum otra Constitución. El rechazo de esta nueva Constitución por los partidos políticos se comprende fácilmente; según ella, sólo 90 de los 240 escaños que tendría el Parlamento iban a ser elegidos por sufragio universal. Los 150 escaños restantes lo serían por sufragio indirecto.
La Constitución de 1970 no fue nunca aplicada porque después del intento de golpe de estado de 1971 se abrió un nuevo paréntesis en la institucionalización del país. El 10 de marzo de 1972 el rey Hasán II hacía refrendar otra nueva Constitución, que esta vez señalaba en dos tercios los escaños del Parlamento que serían provistos por sufragio universal y un tercio el de escaños a proveer por elección indirecta.
Hablar de reconciliación nacional en esta etapa puede parecer excesivo. Cuando mediante las elecciones generales de 1977 el rey ofreció la reconciliación al Movimiento Nacional, el precio del fosfato se había hundido ya en el mercado internacional, y con él las esperanzas de despegue económico. La paz social sería difícil.
El primer presupuesto después de las elecciones fue de austeridad, y la primera medida del nuevo gobierno sustituir el ambicioso Pan Quinquenal 1978-1983 por un modesto Plan Trienal 1978-1980, que no pudo cumplir.
La necesidad para Marruecos, a partir de 1976 y 1977, de enviar un fuerte contingente militar a Mauritania y rellenar las brechas financieras de aquel país, para ayudarle a soportar su esfuerzo de guerra y evitar su hundimiento, introducirán importantes distorsiones en los presupuestos marroquíes, y serán la causa de adicionales desequilibrios económicos internos. La sequía, que se prolongó durante cuatro años consecutivos, contribuyó a completar un cuadro realmente catastrófico de la economía. El país deberá recurrir desde muy pronto al empréstito internacional y, en poco tiempo, solamente el pago del servicio de la deuda se tragará la mitad de los ingresos por exportaciones.
La voluntad de lograr la paz social, que animaba al rey Hasán II en 1976, y el deseo también indudable de los partidos, largo tiempo marginados de las carteras ministeriales, de jugar el juego democrático por limitado que éste fuese, se estrellará contra esas insoslayables realidades económicas que les pondrán a todos a prueba, hasta el estallido de dos nuevas crisis, el 20 de mayo de 1981 en Casablanca y a principios de enero de 1984 en todo el país. Los resultados de las primeras elecciones parciales de la reconciliación, las municipales, y luego las profesionales a Cámaras de Comercio, Agricultura e Industria y Artesanía, llevaron al secretario general del Istiqlal, M’Hamed Buceta, a afirmar públicamente que habían sido «falsificadas al ciento por ciento».
Las legislativas, por el contrario, las denunciarán los socialistas, quienes incluso contemplaron la posibilidad de que sus diputados – 16 sobre un total de 264 – renunciaran a sus escaños como protesta por las presuntas irregularidades. Sin embargo, las elecciones en su conjunto, y teniendo en cuenta lo turbulentas que fueron las relaciones entre el rey y el Movimiento Nacional hasta entonces, fueron relativamente aceptables.
Es cierto, no obstante, que la negativa del rey a rebajar la edad electoral de veintiuno a dieciocho años favoreció a los candidatos monárquicos e independientes, y que el sistema de delimitación de las circunscripciones electorales beneficiaba al campo y las zonas rurales, mucho mejor controlados y dominados por los caídes, las tribus y las grandes familias majzenianas. Por último, el escrutinio uninominal perjudicó a los partidos de masas y benefició a los candidatos independientes.
En un discurso pronunciado el 12 de marzo de 1979, poco después de haber estrenado la llamada experiencia democrática que se inició con las elecciones legislativas de 1977, Hasán II afirmaba: «La Constitución no viene a encabezar el edificio normativo ya que el rey-sultán, Jalifa-Emir al Muminin, con todo su arsenal simbólico, se coloca entre ella y Dios». El 3 de mayo de 1980 el rey Hasán II anunció que iba a someter dos cuestiones a referéndum. La primera de ellas concernía a la reducción de la mayoría de edad del príncipe heredero de dieciocho a dieciséis años. La segunda cuestión era la prolongación del mandato de la Cámara de cuatro a seis años.
La oposición socialista y el Istiqlal, que se consideraban mal representados, se oponían a que se prolongase el mandato del Parlamento elegido en 1977. Argumentaban que las leyes no podían tener carácter retroactivo y, en definitiva, eran partidarios de que se celebrasen elecciones generales al término de la legislatura en 1981. Entre el 7 y 8 de octubre, los 16 diputados socialistas, por separado para no dar sensación de corporativismo que tanto molesta al rey, presentaron cartas al Presidente del Parlamento, en las cuales le informaban que ese mismo día 8, fecha legal de expiración del mandato que les confirieron los electores en 1977, daban por concluida su misión parlamentaria.
El día 9 de octubre, al abrir el nuevo año legislativo, el rey Hasán II dijo que la retirada de los parlamentarios socialistas era
«anticonstitucional». Según el monarca, esa retirada era «más grave que la pérdida del Sahara o el abandono de Ceuta y Melilla», y «contraria a la Constitución». «Actualmente reflexiono,
añadía amenazadoramente, «sobre el tipo de sanción que ha de aplicárseles. Si el rey constitucional no puede estatuir el respeto», concluiría, «sí puede hacerlo el _Emir al Muminin_».
El sistema de cuotas
El 13 de octubre el Parlamento fue convocado por Hasán II a una sesión extraordinaria para «una comunicación de la más alta importancia nacional». Los diputados socialistas fueron informados de que el rey les quería presentes en aquella sesión.
Esta vez las amenazas fueron seguidas de hechos, y en la madrugada del 13 al 14, al término de esa sesión extraordinaria, la policía, que esperaba a los diputados socialistas a la salida, les condujo a sus domicilios y les informó que a partir de ese momento quedaban todos bajo «arresto domiciliario» hasta que «voluntariamente» decidiesen reintegrarse al Parlamento.
A los diputados socialistas les fueron arrancados brutalmente los cables telefónicos de sus casas para que no pudieran comunicarse con el exterior, y policías de paisano vigilaban permanentemente sus domicilios, dentro y fuera de ellos. Sus señorías comenzaron a temer por su integridad física.
La agencia oficial de noticias, MAP, publicó una interpretación cínica de ese confinamiento: «Los diputados socialistas no están detenidos, sino simplemente protegidos por la policía para evitar agresiones de los ciudadanos contra ellos». El día 25 de octubre los diputados socialistas daban a conocer un comunicado en el que afirmaban que aceptaban regresar al Parlamento «sólo por motivos de la causa nacional, el Sahara, y para intervenir exclusivamente en relación con ese asunto». Los diputados socialistas se reintegraron al Parlamento el día 20 de noviembre. No obstante, el 12 de diciembre Hasán II mandó llamar a su cuñado, Ahmed Osman, y le nombró jefe de la nueva oposición de Su Majestad.
El intercambio de discursos entre Hasán II y Ahmed Osman en ese 12 de diciembre fue muy ilustrativo de la vida parlamentaria marroquí. «Ningún Parlamento puede cumplir sus deberes», decía el rey a Osman, «si en su seno no existe un grupo para apoyar la acción del gobierno, y otro para emitir críticas. Desgraciadamente en Marruecos cuando se habla de oposición lo primero que viene a la mente es oposición a las instituciones. Entre vosotros el vocablo oposición se confunde siempre con la idea de oposición a la monarquía… La democracia hasaniana no sería completa, y yo no estaría tranquilo, si no enseñase a los marroquíes el ejercicio de la oposición al gobierno del rey de Marruecos… Así pues, y dentro del marco constitucional, os constituiréis en oposición al gobierno de Su Majestad el Rey».
El sistema de cuotas, admitido tácitamente por los partidos políticos, fue ocasionalmente denunciado por aquellos que no pudieron lograr de la Administración una cuota de sufragios equidistante entre la propia estimación de su influencia sobre el electorado y la valoración de esa influencia por el Ministerio del Interior. Este sistema presupone una amplia intervención de la Administración en el proceso electoral. La confirmación de esta práctica viene dada, según la oposición, por el hecho de que en cada competición electoral los vencedores mayoritarios fueron siempre ciudadanos constituidos a última hora en partidos con vocación exclusivamente electoral y respaldados por la Administración.
Las alusiones del ex ministro de Asuntos Exteriores, M’Hamed Buceta, secretario general del partido Istiqlal, a este tácito pero admitido sistema de cuotas, para sugerir, en vísperas de las elecciones legislativas de septiembre de 1984, la nula disposición de su partido a continuar aceptando esta intervención mediatizadora de la Administración, confirma su existencia a través de un actor cualificado de a vida política marroquí.
Según otros testimonios, sólo 51 escaños de los 306 del Parlamento elegido en 1984 fueron dejados a la libre designación de los electores.
Confiados en la democratización que prometían las elecciones de 1977, los partidos y sindicatos exponen sus reivindicaciones a partir de 1979. La primera huelga declarada por el sindicato socialista Confederación Democrática de Trabajadores (CDT) en los sectores de educación y sanidad fue solventada de manera expedita por el gobierno, que despidió a 850 trabajadores.
El 8 de junio de 1981 la CDT decretó una huelga general para el 20 de junio en protesta por las alzas de los precios de los artículos de primera necesidad decididas por el gobierno. Esta decisión suscitó una importante controversia sobre el derecho a la huelga. El artículo 14 de la Constitución de 1972 proclama textualmente: «El derecho a la huelga sigue garantizado. Una ley orgánica precisará las condiciones y la forma en las cuales puede ejercerse ese derecho».
El artículo 9, al especificar los derechos que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, entre ellos «la libertad de asociación y la libertad de adhesión a cualquier organización sindical y política de su elección», completa el artículo 14. Pero, ciertamente, ninguna ley orgánica había sido promulgada después de 1972, para precisar la forma en que debía ejercitarse el derecho a la huelga, tal como exigía el artículo 14, y ese argumento fue esgrimido por los jueces contra los huelguistas.
El 8 de julio, en un discurso a la nación con motivo de la Fiesta de la Juventud, Hasán II ofreció algunas precisiones sobre su interpretación de la Constitución a este respecto: «Pero ¿es que acaso la huelga es la única manera de expresar nuestro descontento?», se preguntaba el rey, «¿es que acaso la huelga implica que se paralicen de un sólo golpe todos los sectores de la actividad del Estado? ¿Es que los huelguistas han de enfrentarse necesariamente al Estado?».
El 26 de julio, cuando ya la cifra de mil muertos en la represión de la huelga era comentario de la calle, el Primer Ministro, Maati Buabid, al ser preguntado por ello nos diría a los periodistas: «No excluyo que para protegerse, las fuerzas del orden hayan disparado al aire. Pero todas las actas (policiales) indican que los fallecimientos y las heridas se han debido a pedradas, utilización de armas blancas y barras de hierro, así como atropellos». Con esa respuesta daba a entender que los huelguistas se habían podido matar entre ellos.
Desembocadura del rio Bu Regreg. Al fondo la Casba y ek jardin de los Oudaïas. Archivo fotográfico D. del Pino
Antes de fines de julio fue destituido el director general de la Seguridad Nacional y sustituido por el coronel Abdelhak Kadiri, que había trabajado hasta entonces en el servicio de la Seguridad Militar que encabezaba el general Ahmed Dlimi. Las palabras del rey Hasán II al nuevo director de la Seguridad, pronunciadas al entregarle el jueves 19 de julio su nombramiento, resultan altamente significativas: «Los principios que deben guiar tu acción», le dijo el rey, «son los contenidos en él siguiente versículo del Corán: “Provocar disturbios es peor que matar”, y el siguiente Hadiz (palabras) del Profeta: “ El uso de la autoridad es más eficaz que la prédica”, y en la siguiente máxima: “Evitar el mal está antes que hacer el bien“».
Las revueltas del pan
En enero de 1984 estallaron violentas revueltas en Túnez para protestar por el aumento del precio del pan, decidido por el gobierno del Primer Ministro, Mohamed M’Zali. Apenas si se habían apagado los ecos de los disturbios tunecinos, cuando en la ciudad de Marraquesh, por otros motivos, ocurrieron incidentes parecidos que se propagaron rápidamente a todo el país.
Las revueltas, que iban sumando muertos de un día para otro, fueron ignoradas por completo por la prensa y los medios de difusión porque se encontraba reunida en Casablanca la cumbre de países islámicos. El día 22 de enero el rey Hasán II reconoció que se habían producido graves disturbios y decidió que se abría un nuevo paréntesis en la «democratización» de Marruecos. Hasta entonces, oficialmente, no había ocurrido nada.
Pero las revueltas de enero y la cobertura que les brindó la radio y la televisión españolas habían planteado por primera vez al rey de Marruecos un problema de funcionamiento, al haberle impedido ocultar las noticias y los detalles de las revueltas [8].
Algunos de los periódicos se referirían a ello en tono agrio. El articulista Fadel Ahchab escribía en el diario L’Opinión (5 de febrero de 1984): «La prensa española, subversiva y antimarroquí por definición, no cesa de manipular la información y de propagar entrevistas para desfigurar la imagen de Marruecos».
El periodista Said Yadidi escribía a su vez: «El bello ideal de la prensa española es ahogar a su vecino». En agosto de 1984, al día siguiente del referéndum nacional convocado para que los marroquíes ratificaran la unión de Marruecos con Libia, el rey Hasán II convocó elecciones generales. La fecha final de las legislativas fue escogida por el rey para unos días después del referéndum a que fueron convocados los marroquíes para aprobar unánimemente la decisión del monarca de unirse con Libia, o con Gadafi si se prefiere.
La excepcionalidad del acontecimiento, un monarca conservador que se unía con un militar revolucionario, mantuvo a la unión con Libia en las conversaciones y preocupaciones de marroquíes y extranjeros durante todo el mes de septiembre. Cuando los candidatos a diputados se presentaron con sus habituales letanías a sus electores, estos parecían cansados y desinteresados, y la abstención fue grande.
Por eso, la mayoría de los partidos y de los candidatos aceptaron, de una manera mucho más ostentosa que en ninguna otra contienda electoral anterior, entrar en negociaciones previas con el Ministerio del Interior para el diseño del panorama político del futuro Parlamento. Sean cuales fueren las razones, el gobierno del segundo período legislativo después de 1977 no fue formado hasta el 11 de abril de 1985, es decir, siete meses después de las elecciones legislativas de septiembre de 1984 y cuatro años después de que expirara el mandato del primer Parlamento.
Los datos más importantes del nuevo gobierno eran que el Istiqlal, después de haberse agotado junto al rey durante siete años, quedaba fuera, y que la USFP se había negado a participar. Sólo los «partidos administrativos», es decir, los creados por el Ministerio del Interior, RNI, PND y UC, y junto a ellos el Movimiento Popular, formarían parte del Gabinete. El rey se encontraba una vez más como en 1983, sólo con las fuerzas que él mismo había creado.
El Marruecos del presente, tanto en lo político como en lo económico, es muy diferente del de los años cincuenta, sesenta e incluso setenta, durante los cuales España tuvo tantas y tan variadas fricciones con él. La preeminencia del rey Hasán II y de la Institución monárquica la consagran los amplios poderes que le concede la Constitución, y lo que los defensores del régimen llaman las técnicas de reforzamiento del poder real. Estas técnicas las constituyen los dominios reservados de la Corona y la permanente aplicación extensiva de la voluntad real.
Catorce partidos políticos, entre ellos uno comunista y otro marxista, aceptan el juego democrático en los límites que el sistema les marca, y están representados en el Parlamento, cuya utilidad principal es hoy la de ofrecer una tribuna a la oposición para exponer puntos de vista y reivindicaciones. Sólo tres o cuatro partidos responden a lo que en una democracia moderna se considera partido político, y ninguno de esos tres o cuatro puede pretender que su electorado o sus militantes aprueben globalmente las opciones decididas por sus respectivas direcciones.
Los congresos nacionales celebrados este año por algunos de ellos han confirmado esta realidad. El VI Congreso Nacional del Partido Socialista, celebrado en marzo de 1989, concluyó con la clara partición en dos corrientes, cuyas importantes diferencias han paralizado al partido desde entonces.
Grosso modo se distinguen dos tendencias, una legalista, representada por el Secretario General, Abderrahim Buabid, respaldado por los numerosos intelectuales y profesionales con que cuenta el partido, y otra radical y poco partidaria de mantenerse en los cauces de actuación tolerados, representada por el secretario general de la central sindical socialista, Confederación Democrática de Trabajadores (CDT), Nubir el Amaui, apoyado por una amplia base militante y el siempre activo Sindicato Nacional de Enseñantes (profesores), SNE.
El XII Congreso Nacional del partido Istiqlal, celebrado en mayo de 1989, concluyó con una división parecida. El secretario general del partido, M’Hamed Buceta, y sus seguidores, intelectuales y ex altos funcionarios, se enfrentaron con el también ex ministro Mohamed Duiri, y el secretario general del sindicato Istiqlalí, Unión General de Trabajadores Marroquíes (UGTM), Abderrazak Afilal, y una buena parte de la militancia.
Marruecos 1989: el problema del Sahara
A la dirección del partido, representada por M’Hamed Buceta, se le reprocha el poco rédito político obtenido por el Istiqlal en los muchos años, desde 1977, en que sus intelectuales y cuadros proporcionaron al gobierno numerosos ministros, secretarios de Estado y directores generales. Los opositores a esa dirección preconizan una más clara definición y actuación del partido Istiqlal en el espacio de la oposición, y el rechazo de toda ulterior participación sin condiciones en el gobierno.
El partido Movimiento Popular, de electorado eminentemente bereber, cuyo secretario general, Mayubi Ahardán, fue proscrito en 1985 de la vida política por decisión del rey, y cuya dirección fue totalmente renovada a raíz de ello por intervención del Ministerio del Interior, languidece desde entonces. La dirección oficial, que sigue a su actual secretario general y ministro de Correos, Telégrafos y Telecomunicaciones, Mohand Laenser, participa con otros ministros en el gobierno, pero no ha logrado ser aceptada por el verdadero partido en las zonas rurales bereberes del país.
Los partidos comunista y marxista, dominados, sobre todo en el primer caso, por la fuerte personalidad de su secretario general, Ali Yata, tienen un electorado muy reducido y muy localizado, en el primer caso en la capital económica del país, Casablanca, y en el segundo caso en la ciudad de Marraquesh. Su existencia tiene la ventaja de permitir al régimen sostener que todas las sensibilidades políticas del país encuentran un acomodo sobre todo en el Parlamento, pero no tienen incidencia práctica sobre la evolución del país.
Otros partidos, la Unión Constitucional y la Reunión Nacional de los Independientes, dirigidos por los ex primeros ministros Maati Buabid y Ahmed Osmán, calificados de «partidos administrativos» por socialistas e istiqlalíes, que copan la mayoría de los escaños en el Parlamento, se han mantenido bastante bien en el marco reducido que ellos mismos saben que es el suyo.
Algunos opositores marroquíes afirman hoy, no sin cierta ironía, que en Marruecos el único partido político con implantación en todo el país es el Ministerio del Interior, y que la única fuerza organizada y efectiva es el Ejército. En política exterior, el problema del Sahara occidental, sin resolver, sigue incidiendo sobre la política exterior marroquí, pero de una manera menos traumática que en el pasado. La construcción de ocho muros defensivos que contornean las fronteras del territorio con Argelia y Mauritania, dio a partir de 1987 un vuelco radical a la guerra e impiden cualquier ataque de envergadura del Frente Polisario.
En lo político, las gestiones para lograr la celebración del referéndum de autodeterminación para los saharauis originarios del te¬rritorio ha sido confiada al Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, quien, pacientemente, lleva a cabo su misión. Aunque ambas partes, Marruecos y el Polisario, han aceptado el principio de la celebración del referéndum, las dos encuentran objeciones a las condiciones que preconizan las resoluciones de la ONU y la Organización para la Unidad Africana (OUA), como garantía de una mínima fiabilidad e imparcialidad de la eventual consulta.
La creación de la Unión del Magreb Árabe, UMA, entre Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez, en enero de 1989, ha dado lugar a una situación nueva en el Magreb y proporcionado un marco que Marruecos quiere que sea tenido en cuenta. Marruecos parece desear que la resolución del conflicto del Sahara sea la resultante de un pacto magrebí previo sobre el futuro de los refugiados saharauis y del Frente Polisario, con el objetivo final de que la actual integración del territorio en Marruecos, no sea puesta en tela de juicio.
El problema de fronteras entre Argelia y Marruecos heredado de la colonización francesa sobre ambos países, ha quedado resuelto el 14 de mayo de 1989, cuando el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Abdelatif Filali, intercambió en Argel los instrumentos de ratificación del Tratado de Fronteras de 15 de junio de 1972.
Mediante ese tratado, que reconoce como válidas las fronteras heredadas de la colonización y descarta por ello mismo la reivindicación del nacionalismo marroquí sobre la región de los oasis argelinos, Gurara, Tidikelt y Tuat, queda solventado un serio problema entre los dos países, que, sin duda, estuvo en el trasfondo de la actitud argelina respecto al conflicto del Sahara.
A fines de 1987, la población de Marruecos era evaluada en 24,9 millones de personas, y su producto interior bruto se elevó el mismo año a 14.760 millones de dólares. Su deuda exterior se calcula en 1989 en 22.000 millones de dólares, pero aunque Marruecos está catalogado como un país de «alto riesgo», puede convertirse en uno de los principales beneficiarios del Plan Brady sobre la deuda exterior.
Desde 1983, Marruecos aplica un programa de saneamiento de su economía en coordinación con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que es probablemente uno de los pocos que llevan a cabo con éxito las dos instituciones citadas.
Los resultados de la economía marroquí en 1988 fueron los mejores en los últimos diez años. Según datos del Banco Marroquí para el Comercio Exterior (BMCE), el valor añadido agrícola aumentó en un 32 %, el de la minería en un 15 %, el de la construcción y obras públicas en un 10 97o, el de la energía en un 7 %, el de las industrias manufactureras en un 5 %, y el de las actividades terciarias en un 3 %.
El alza de los precios fue mantenida en un 2,3 %, el déficit presupuestario fue reducido al 4,1 % del PIB, y los intercambios comerciales con el extranjero aumentaron en un 17,4 %, dentro del cual las exportaciones representan el 10,9 %. En consecuencia, con ello disminuyó el déficit comercial, y la tasa de cobertura de las importaciones por las exportaciones pasó del 66,3 %, en 1987, al 70 % en 1988. La CEE recibe el 63,1 % de las exportaciones marroquíes, mientras que las exportaciones de los países de la CEE a Marruecos constituyen el 66,6 % del total.
La privatización del sector público
España se ha convertido en 1988 en el segundo socio comercial de Marruecos, acaparando el 7,83 % de las importaciones marroquíes, y comprando el 7,16 % de las exportaciones de Marruecos. No obstante, la deuda exterior y el paro que, aunque no existen estadísticas oficiales fiables, la oposición considera que afecta de manera total o parcial al 60 % de la fuerza de trabajo, son los dos problemas principales y angustiosos de la economía marroquí, según reconocía el Banco de Marruecos en su informe de 1988.
Marruecos se dispone a dar un paso de gran trascendencia con la decisión de vender al sector privado la mayoría de las 668 empresas del sector público, que representa aproximadamente el 60 % de la economía marroquí, que por sí solas emplean el 17,3 % de la población activa y aportan el 17 % del PIB. Según el proyecto de ley sometido por el gobierno al Parlamento, sólo quedarán en manos del Estado seis grandes empresas: los ferrocarriles (ONCF), el agua potable (ONEP), la electricidad (ONR), los fosfatos (OCP), Correos y Telecomunicaciones (ONPT) y la com¬pañía aérea nacional (RAM).
Desde el primero de mayo de 1988 existe un nuevo régimen para las inversiones extranjeras, en virtud del cual se ha suprimido la autorización previa de la Oficina de Cambios, se ha introducido la libertad de cesión de inversiones entre extranjeros y se ha establecido la automaticidad de las transferencias de los beneficios.
Numerosos códigos de inversión han sido reformados en enero de 1988 como estímulo a la inversión, entre ellos el de las inversiones industriales, las turísticas, las marítimas, las inmobiliarias y las mineras. A pesar de todo, la reforma de los códigos citados no fue suficiente para atraer, sobre todo, al inversor extranjero, debido a la lentitud de la Administración en responder a las demandas de los interesados.
Algunas instituciones marroquíes han calculado que cualquier proyecto de inversión extranjera necesitaba dos años, entre el momento en que la demanda era depositada ante las autoridades competentes y la decisión administrativa, porque cada proyecto de inversión debía obtener unos 60 visados antes de ser autorizado.
A principios de junio de 1989, el propio rey Hasán II intervino en este asunto, y en una carta al Primer Ministro le decía que Marruecos está muy lejos todavía de obtener lo que legítimamente esperaba de las ventajas concedidas por las reformas de los códigos de inversión. Ello se debe, según el rey, a la inadecuación de los múltiples procedimientos administrativos generadores de lentitud que terminan por desestimular a los inversores potenciales.
En consecuencia con ello, el rey decía: «Nos, hemos decidido que de ahora en adelante todo expediente regularmente constituido sobre un proyecto de inversión, será considerado aceptado si en el plazo de dos meses a partir del día de su presentación, la Administración no ha respondido. En caso de rechazo, la decisión de la Administración deberá ser motivada. Esta medida es de aplicación inmediata y deberá ser incluida en todos nuestros códigos de inversiones».
A pesar de su extendido sector tradicional de la economía, Marruecos cuenta con 51 de las 250 empresas más importantes de África, dirigidas por una generación de «managers» modernos, dinámicos, y experimentados en las relaciones con Occidente.
Las principales de estas empresas son la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), propiedad del Estado, con un volumen de negocios anual de 1.024 millones de dólares, y el Omnium Nord Africain (ONA), de propiedad privada y asociada, según los marroquíes, a los intereses de la familia real, que movió en 1988 un volumen de negocios de 882,2 millones de dólares.
Las medidas de liberalización de la economía, puestas en práctica desde 1982, se complementan con la descentralización administrativa prometida. El IV Coloquio de Colectividades Locales (municipios), que tuvo lugar en Casablanca a fines de junio de 1989, arrojó una cierta luz sobre la amplitud de esta reforma. Las colectividades locales marroquíes son actualmente las 9 prefecturas, 40 provincias, 760 comunas rurales y 99 urbanas, que en virtud de la reforma pasarán a ser 1.293 comunas rurales y 252 urbanas. Para 1990, el número actual de 70.000 funcionarios que trabaja en la administración local, se habrá duplicado.
Coincidiendo con el IV Coloquio de Colectividades Locales, el Parlamento marroquí aprobó el 26 de junio una ley de régimen local que prevé que el 30 % de la recaudación por TVA (IVA) irá a parar a las colectividades locales para ser utilizado localmente.
La historia de las relaciones de la España democrática con Marruecos ha estado supeditada a lo que parece la peripecia de un desencuentro permanente.
Por primera vez, en el presente, fuertes lazos económicos comienzan a unir a los dos países, y aunque las relaciones políticas, humanas, culturales y sociales no las acompañen, se
trata de un avance considerable. Junto a las relaciones oficiales entre Estados y gobiernos, los dos países mantienen permanentemente abierto un canal de intercambios a través de los medios de información respectivos. Ese intercambio, rico, fluido, militante, sensible, da con frecuencia una idea de las relaciones que no corresponde a la realidad.
La explicación más socorrida de esa hipersensibilidad entre españoles y marroquíes es la de las colonizaciones recíprocas. Los árabes ocuparon España durante más de siete siglos, y fue precisamente durante el período más particularmente marroquí, a partir de Yusuf Bin Tachfin, cuando los españoles encontraron esa dominación más dolorosa.
España, a su vez, no solamente colonizó una parte de Marruecos en tiempos relativamente recientes, sino que al fragmentar la solución del contenciosteso territorial, que permaneció después de la colonización, ha estado durante los treinta y tres años de independencia marroquí, después del Protectorado, siempre enzarzada con Marruecos por la solución de un conflicto territorial.
La proximidad geográfica hizo que la Península Ibérica y el Norte de África estuvieran en guerra o en oposición, por las armas, o por la cultura y la religión, mucho antes del Protectorado, desde la conquista de España por el Islam en el año 711. Pero incluso antes de esa invasión árabe, los intercambios humanos, no siempre pacíficos, a través del Estrecho, fueron frecuentes.
España-Marruecos: un desencuentro permanente
Ya en el año 429 los vándalos, al mando de Genserico, pasaron el mar y llegaron hasta la ciudad de Hipona. El historiador Claudio Sánchez-Albornoz sostiene, aunque sus tesis no son compartidas unanimemente, que la clave de la diferenciación política entre la Península Ibérica y la Europa carolingia reside en el secular enfrentamiento con el Islam. «El Islam, y la necesidad de combatir diariamente a los musulmanes, han impedido de manera trágica a la España europea seguir un proceso de desarrollo paralelo al de los otros pueblos hermanos de Occidente», afirmó Sánchez-Albornoz.
La España actual se ha integrado definitivamente en Europa, pero una buena mayoría de españoles considera a la persona del rey Hasán II y a su régimen sin el distanciamiento necesario; el conflicto del Sahara es tratado todavía por muchos como asunto interno, y la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla da lugar actitudes muy vehementes en ambos países.
La imagen de España que proyectan los medios de información oficiales y la prensa partidista – la única que realmente existe en Marruecos – es extraordinariamente negativa, sesgada, y con frecuencia guiada por afanes electoralistas, en la mayoría de los casos poco respetuosos con los hechos concretos.
La agencia oficial de noticias marroquí, Magreb Árabe Press (MAP), que es el único medio de información marroquí que mantiene observadores directos de la realidad española, suministra el 90 % de la información sobre España que consumen los otros medios marroquíes. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1989, uno de los períodos más tranquilos en las relaciones hispano-marroquíes de los últimos quince años, la MAP ha distribuido 402 noticias sobre España, que constituyen el 90 % del contenido de las 410 informaciones publicadas a su vez por los diarios marroquíes.
Los marroquíes se esfuerzan por mantener vivo el recuerdo y la añoranza de Al Andalus, donde el Islam, en gran medida español y españolizado, alcanzó el mayor esplendor de toda su historia. España, afortunadamente, ha abadonado la retórica historicista con que el régimen anterior presentaba las relaciones con el mundo árabe.
El camino emprendido desde hace poco por España, con la concesión de importantes créditos financieros, comienza, por el contrario, a facilitar las relaciones comerciales y económicas; parece el mejor y es, en cualquier caso, el único que da resultados. Españoles y marroquíes hablan cada vez más de negocios y cada vez menos de política, y cuando las relaciones entre los dos países sean un buen negocio, los problemas que subsisten encontrarán en las matemáticas una solución.
El mes de noviembre de 1975, fundamental en la historia reciente de España, lo es también en las relaciones con Marruecos y el Magreb. Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975, y el gobierno, en medio de un rocambolesco montaje, entregaba el Sahara occidental en reparto a Marruecos y Mauritania.
Entre el 2 de noviembre de 1975, en que el entonces príncipe Juan Carlos promete a la tropa en El Aiún que España nunca abandonará a sus hermanos saharauis, y el 14 del mismo mes y año, en que se firman los Acuerdos Tripartitos de Madrid que sancionan la cesión, dos personalidades del régimen muriente, José Solís y Antonio Carro, viajaron a Marruecos por separado y parlamentaron con el rey Hasán II.
Lo que hablaron sólo se sabrá cuando publique sus memorias alguno de los actores, pero lo cierto es que los Acuerdos Tripartitos se firmaban el mismo día en que el ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri, daba al embajador argelino en Madrid garantías de que España cumpliría con respecto al Sahara sus compromisos internacionales contraídos con la ONU.
La solución promarroquí del conflicto trajo un período, no muy prolongado, de relaciones cordiales entre España y Marruecos, pero otro de crispación con Argelia. Los marroquíes habían interpretado que «la actitud del gobierno español cambió radicalmente en octubre de 1975 cuando tuvo la certeza de que Marruecos estaba dispuesto a llegar a las últimas consecuencias» [9].
Esta interpretación parece compartirla Fernando Moran, el ex ministro de Asuntos Exteriores que diseñó la actual política global de España hacia el Magreb, cuando en su libro *Una Política Exterior para España* dice, con relación a la Marcha Verde, que Marruecos la emprendió «cuando tuvo la certeza de que España no estaba dispuesta a sacrificar nada decisivo por conservar el Sahara».
Marruecos, el rey Hasán II en particular, siempre ha apostado fuerte en sus relaciones con España. El ex ministro de Asuntos Exteriores, M’Hamed Buceta, ha revelado, con motivo del sexagésimo aniversario del monarca el pasado 9 de julio de 1989, que, cuando España negociaba la retrocesión de Tarfaya a Marruecos, intentaba al mismo tiempo lograr una declaración del gobierno marroquí que afirmase que ésta era la última reivindicación territorial de Marruecos.
«La reacción de Hasán II cuando se lo dijimos – contaba Buceta – fue decir: Pues muy bien, si ésa es la actitud de España, ahora se las van a ver conmigo”, y se puso al frente de la división que entró en Tarfaya. Las presiones internas en España contra el Acuerdo Tripartito impidieron obtener un rédito al menos económico por una decisión promarroquí que, de todas maneras, el nuevo gobierno de la transición no estaba dispuesto a revocar.
El 27 de septiembre de 1977, Marcelino Oreja, como ministro de Asuntos Exteriores, afirmaba ante la XXXVII Asamblea General de la ONU que era necesario tener en cuenta la voluntad de los saharauis antes de considerar definitivamente descolonizado el Sahara occidental. En lo que a Argelia respecta, el resultado fue que el 19 de noviembre de 1975 el diario oficial argelino *El Moudjahid* abogaba por la independencia del Archipiélago Canario y respaldaba oficialmente la acción propagandística que desde Argel llevaba a cabo el secretario general del MPAIAC, Antonio Cubillo.
La España que supo descolonizar mal el Sahara occidental no sabía sin embargo guardar silencio, esos silencios que a veces resultan tan beneficiosos en las relaciones internacionales. No lo sabían, y no lo han aprendido aún, porque algunos medios de información y algunos políticos, cuando del Sahara se trata, no resisten la tentación de adoptar un verbalismo populista y propolisario, que nunca se traduce en acción de gobierno o parlamentaria, pero que crispa las relaciones entre España y Marruecos.
Estos medios son hoy día la principal caja de resonancia de un sector radical del Frente Polisario, a pesar de que la cuestión del Sahara occidental ha entrado en una delicada partida entre Marruecos, la ONU, Argelia y la dirección del Polisario, en la que España no parece tener posibilidades de influir.
No se trata de substraer solidaridad al pueblo saharaui, ni renunciar a los principios que, malamente expresados, contienen los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Es cuestión, simplemente, de no ir más allá de la actitud oficial del propio Polisario, que ha aceptado la gestión del Secretario General de la ONU, Pérez de Cuéllar, y que, por razones obvias, está en la necesidad de admitir la realidad de lo que Marruecos y Argelia llaman enfáticamente «dinámica unitaria en el Magreb».
El 26 de junio de 1978 el entonces presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, viajó a Marruecos con el ánimo de recuperar parte de lo perdido. El rey Hasán II le despidió con un *Uissam(cordón) alauita* en bandolera, pero sin nada concreto. El gobierno marroquí, a pesar de los apremios por parte de España, cuyo Parlamento había ratificado en febrero de 1978 el Acuerdo de Pesca de 17 de febrero de 1977, resultado descafeinado de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, insistía en que España aumentase sus contrapartidas en cooperación técnica, cultural, económica, médica y educacional.
De hecho, estaba sugiriendo una nueva renegociación del Acuerdo de Pesca, con la evidente conclusión que se desprende de ello de que la actitud de España, al firmar unos Acuerdos Tripartitos favorables a Marruecos, no había representado grandes beneficios para España. El acuerdo de pesca fue firmado en 1983 después de muchas peripecias, apresamientos de pesqueros y choques diplomáticos, ocho años después de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, y con éstos olvidados y, en cualquier caso, ausentes de la negociación.
La solución promarroquí al conflicto del Sahara en 1975 no tuvo, en consecuencia, ningún efecto benéfico para las relaciones de España con Marruecos. Por el contrario, las relaciones entre España y Marruecos durante el primer gobierno de la transición democrática, que presidía Adolfo Suárez, fueron problemáticas o malas.
Ese gobierno estaba sometido a una fuerte presión interior de parte de una oposición que demostraría su pujanza en las elecciones de octubre de 1982, pero las «poses» verbales adoptadas por él para acallar a la oposición interior, y contentar a Argelia, llevaron al rey Hasán II a decidir no ratificar el Acuerdo Pesquero de 1977, que debía incluir las contrapartidas consentidas por Marruecos en los anexos todavía secretos de los Acuerdos Tripartitos de Madrid.
En esos años Marruecos o los marroquíes utilizaron contra España todas las presiones a su alcance: 1) Apresamientos de pesqueros justificados o injustificados, y limitaciones a la pesca; 2) reivindicación de Ceuta y Melilla, acciones terroristas en las dos ciudades y bloqueo económico contra ellas, y 3) sugerir que Marruecos podría también opinar sobre la españolidad de las Islas Canarias.
El primer viaje que efectuó a Marruecos, después de su entronización, el rey Juan Carlos, del 14 al 16 de junio de 1979, no tuvo ninguna repercusión práctica en las relaciones entre los dos países. En ello pudieron influir los viajes del presidente Adolfo Suárez a Argelia, del 30 de abril de ese mismo año, y su entrevista con el Secretario General del Frente Polisario, Mohamed Abdelaziz.
El propio rey Hasán II, al retrasar en tres ocasiones ese viaje a Marruecos del rey de España, en lo que la prensa de Madrid consideró una descortesía hacia la Corona española, lo había devaluado también y había sentado el precedente para posteriores alteraciones del calendario de visitas acordado previamente.
La confrontación cesó con la llegada al gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo el 20 de febrero de 1981, quien en su discurso de investidura definió como objetivo de la política exterior española hacia Marruecos «la amistad con nuestro gran vecino del Sur» y «la necesidad de tener en nuestra frontera meridional a un reino de Marruecos estable, próspero, y que mantenga relaciones cordiales con los otros países del Magreb, igualmente amigos de España».
La filosofía del primer acuerdo pesquero a largo plazo que se concluye en 1983, con un gobierno socialista ya en el poder, fue elaborada y discutida, en lo esencial, por el gobierno de Calvo Sotelo. El inicio del deshielo ocurrió el 25 y 26 de febrero de 1982, cuando el rey Hasán II viajó de improviso a Palma de Mallorca, donde se encontraba el rey Juan Carlos. España obtuvo entonces, por decisión personal del rey Hasán II, su primera participación en un proyecto de importancia marroquí.
El 3 de marzo se anunció oficialmente que España participaría, a través de Fomento del Comercio Exterior (FOCOEX), con el grupo japonés Mitsui Engineering and Shipbuilding Co., en la construcción de una planta de ácido sulfúrico destinada al complejo Maroc Phosphore IV, valorada en 200 millones de dólares.
Aunque la participación de España se limitaba al 33 % del proyecto, con su gesto, el monarca marroquí pretendía de pasada dar una lección a Francia, donde los socialistas habían llegado al poder poco menos de un año antes y tenían dificultad para sintonizar con Marruecos.
En la audiencia que concedió el rey Hasán II al ministro español de Transportes, José Luis Álvarez, el 17 de marzo, le propuso glo-balizar las relaciones, cooperar en la modernización de la infraestructura portuaria de pesca de Marruecos, construir y reformar las unidades de pesca marroquíes, participar en el desarrollo de la industria de transformación marroquí y cooperar en la instalación de una red de frío y transportes isotérmicos.
Asimismo, pedía que España diera facilidades a los armadores marroquíes para evacuar parte de sus capturas en los mercados españoles, y solicitaba la armonización de las políticas de comercialización del pescado de los países en el ataque a terceros mercados. El 29 de marzo el Secretario de Estado para la pesca, Miguel Aldasoro, firmó en Rabat una nueva prórroga del acuerdo pesquero y estableció con los marroquíes las bases que permitirían firmar en agosto de 1983 el primer acuerdo por cuatro años.
Pero las elecciones andaluzas del 25 de mayo de 1981, que significaron una sonada derrota del gobierno, interrumpieron el progreso de las relaciones con un Marruecos que veía con auténtica inquietud la posibilidad de un triunfo electoral socialista en España, después del ya ocurrido en Francia. Cuando el PSOE triunfa en las legislativas anticipadas de octubre de 1982, parece abordar la problemática del Magreb, por breve tiempo, afortunadamente, con el mismo doble lenguaje que los gobiernos anteriores.
Mientras Felipe González decía durante la campaña electoral que si triunfaba su primer viaje sería a Marruecos, un país con el cual quería mantener relaciones cordiales, Alfonso Guerra, después del triunfo, declaraba al diario argelino *El Moudjahid* que «La España socialista es partidaria del referéndum de autodeterminación en el Sahara y amiga del Frente Polisario, y está dispuesta a hacer que españoles y argelinos se conozcan mejor».
Para intranquilidad de los marroquíes el mismo diario oficial *El Moudjahid* pedía esos días que España denunciase los Acuerdos Tripartitos de Madrid y afirmaba que el PSOE debía concluir el contencioso del Sahara y deshacer los errores anteriores. Sin estar del todo seguros sobre la actitud que adoptaría hacia Marruecos el nuevo gobierno socialista, los marroquíes recurrieron a la reivindicación de Ceuta y Melilla, la cual, a pesar de todos los gestos concretos de buena voluntad llevados a cabo por el gobierno de Felipe González, será un acompañante permanente de las relaciones entre los dos países hasta el presente.
La resolución aprobada en febrero de 1982 por la Unión de Parlamentarios Árabes (UPA), reunida en Rabat, que hacía una «llamada a España para que inicie negociaciones urgentes con Marruecos con vistas al retorno de la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla, las Islas Canarias y las rocas costeras», causó gran revuelo en Madrid donde fue interpretada como el inicio de una presión marroquí.
Marruecos daba la impresión de preparar, con la cuestión de Ceuta y Melilla, una eventual autodefensa en caso de triunfo electoral de los socialistas españoles. Cuando éste se produce en octubre de 1982, el nuevo presidente del gobierno, Felipe González, envió a Fez el día de Navidad al nuevo ministro español de Asuntos Exteriores, Fernando Moran, en un intento complementario de tranquilizar a Marruecos.
El mismo presidente, Felipe González, señalaría a los pocos días de haber tomado posesión de su cargo que la política española hacia el Magreb sería «de conjunto y no de equilibrio, de colaboración y no de confrontación, y de no injerencia en los asuntos internos de los países». El 18 de febrero de 1983 los ministros españoles de Transportes y Agricultura, Enrique Barón y Carlos Romero, llegaban a Rabat para iniciar la negociación del que seis meses más tarde resultaría el primer acuerdo de pesca a largo plazo firmado entre España y Marruecos.
La cuestión del tránsito de los cítricos marroquíes por territorio español, que había sido durante años un escollo para los acuerdos de pesca, y que había quedado admitida en principio por el gobierno de Calvo Sotelo, quedaba definitivamente aceptada en esa visita.
Felipe González cumplió su promesa de visitar Marruecos, y el 28 de marzo llegaba a Rabat. Ante la multitud de problemas que el rey Hasán II le planteó en la entrevista que ambos sostuvieron el 29 de marzo en Fez, el presidente del gobierno español le propuso qué ambas partes elaboraran un inventario de sus respectivas dolencias y lo discutieran por separado.
Por el acuerdo final concluido en agosto de 1983, después de arduas negociaciones, España se obligaba a reducir su esfuerzo pesquero en aguas marroquíes en un 40 % en cuatro años, a pagar un 70 % de aumento de cánones distribuido en el mismo plazo y a conceder una ayuda financiera de 550 millones de dólares en créditos comerciales, de Estado a Estado, y con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
Cuando el acuerdo concluye en 1988, España había ingresado ya en la Comunidad Económica Europea. Desde entonces es ésta la que asume, como lo hace con todos los acuerdos de sus miembros con países terceros, la negociación del acuerdo de pesca, que fue renovado por otros cuatro años en mayo de 1988. Con ello, España y Marruecos se han liberado de gran parte de las fricciones a que daban siempre lugar las negociaciones.
La pesca sigue siendo, aunque ya no es el único, el negocio más importante de España con Marruecos, y unos 700 pesqueros faenan durante todo el año en aguas marroquíes. En contra de todos los temores marroquíes, el gobierno socialista español ha dado un gran giro tranquilizador a las relaciones entre España y Marruecos. Esas relaciones son hoy excelentes en lo económico y comercial, y relativamente respetuosas en lo político. España exporta a Marruecos, principalmente, materias plásticas artificiales, productos químicos, madera bruta, hierro y acero, barcos, fibras textiles; es el primer importador de fosfatos marroquíes, y ocupa un lugar destacado entre los compradores de crustáceos y moluscos, pescado fresco, mineral de cobre, vestidos de cuero, etc.
Las ventas de armamento español a Marruecos, aunque no figuran en las estadísticas oficiales, han alcanzado ya un volumen considerable. Las más destadas son una partida de 1.582 camiones civiles y militares, adjudicado en 1983 a ENASA y valorado en 17 millones de dólares, y otra por valor de 20 millones de dólares en radares, equipo de transmisiones y elementos ópticos para visión nocturna, adjudicados en 1980 a las empresas ENOSA e INISEL.
Un contrato para el suministro de 1.645 vehículos todo terreno por importe de 30 millones de dólares fue adjudicado en la misma fecha a la empresa Land Rover Santana. Se vendieron, asimismo, 6 patrulleras por valor de 105 millones de dólares, y se perfiló otro acuerdo, negociado en 1987, por valor de 200 millones de dólares, para suministro de municiones, roquetas y minas. En abril de 1989, Construcciones Aeronáuticas S. A. reveló que había concluido con el ejército marroquí un contrato para suministrarle 7 aviones de transporte medio CN-235, por valor de 9.000 millones de pesetas.
La empresa española Cubiertas y MZOV participa en la construcción de la represa de Mjara, la mayor obra pública que se lleva a cabo en Marruecos, con contratas por 120 millones de dólares de los 500 que en total importa el proyecto. El crédito financiero por valor de 1.000 millones de dólares (125.000 millones de pesetas), concedido en junio de 1988 por España, debe permitir la implantación en Marruecos de hombres de negocios e industriales españoles.
Instalados en Marruecos desde la época del Protectorado o con posterioridad a él, se encuentran las empresas Papelera de Tetuán, que pertenece a la familia Benet; los Cementos Marroquíes de Tetuán, propiedad en un 50 % del grupo Urquijo y el Banco Central; Allumaroc, propiedad en un 50 % de Arturo Fierro; Aglorex, de un grupo catalán; la Compañía de Lukus, y la Unión Bancaria Hispano Marroquí, UNIBAN, propiedad al 50 % de los Bancos Hispano, Central, Banesto y Vizcaya.
La reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla
Existen, además, más de 25 sociedades mixtas para la pesca de altura, principalmente con los grupos marroquíes Baraka, Sentissi, Zniber, Mymbh, Buanani, etc. Setenta y seis empresas españolas estaban establecidas en Marruecos en 1987, de las cuales 13 con una participación de capital español del 100 %. Treinta y siete empresas españolas invirtieron en Marruecos en 1988, de ellas 17 solamente en la zona Norte, y el resto en lo que fuera protectorado francés.
La cooperación cultural sigue siendo la gran asignatura pendiente de las relaciones hispano-marroquíes y el capítulo menos expertamente tratado, y en el cual nadie parece decidirse por abordar las reformas radicales que todos los expertos coinciden desde años en que es necesario aplicar.
España mantiene en Marruecos siete colegios o centros de educación que tienen un interés muy secundario, pero que absorben lo esencial del presupuesto de cooperación cultural español con el Norte de África. A título de ejemplo, España invirtió en cooperación para la educación en 1988, solamente en la ciudad de Tetuán, 850 millones de pesetas. A pesar de ese esfuerzo, sólo tres marroquíes fueron admitidos para estudios universitarios. Es decir, que se desembolsaron 283,3 millones de pesetas para cada bachiller marroquí formado en Tetuán.
Unos 600.000 trabajadores magrebíes en Europa, de ellos 400.000 marroquíes, atraviesan todos los años España con destino a sus países. En las épocas de ese tráfico, los meses de verano, España decuplica el número de barcos que efectúan la travesía del Estrecho de Gibraltar; moviliza a la Dirección Nacional de Tráfico, a la Protección Civil y a la Cruz Roja, y gasta más de 600 millones de pesetas en centros de descanso y acomodo, y atención social de esos trabajadores.
El esfuerzo marroquí no sólo dista del realizado por España, sino que los excesivos controles de sus puestos fronterizos en Tetuán (Bab Sebta) y Tánger provocan enormes colas y cuellos de botella en las ciudades de Algeciras y Ceuta. Aunque esta situación ha mejorado desde 1987, los problemas distan de estar resueltos. La prensa marroquí, sin embargo, se muestra todos los años extraordinariamente desconsiderada y exigente hacia España, y omite con frecuencia hablar de las carencias marroquíes para facilitar estas operaciones de tránsito.
En lo que a Ceuta y Melilla concierne, se han producido dos hechos importantes que han sustraído este problema de la confrontación pública. El traslado del ex lider melillense Ornar Dudú a Marruecos ha restado agitación popular y partidaria a la acción de los marroquíes de Melilla.
La propuesta de creación de una Célula de Reflexión sobre el futuro de esas ciudades y enclaves, transmitida por el monarca
marroquí a través del entonces ministro del Interior, José Barrio-nuevo, en enero de 1987, ha restado a los partidos políticos marroquíes protagonismo y posibilidades de utilización electoral del asunto. Por otra parte, y contra todo pronóstico, la solución adoptada por Gran Bretaña y Portugal con China, en sus respectivos contenciosos sobre Hong-Kong y Macao, suscitó escaso interés en Marruecos.
Los marroquíes consideran que los plazos de los citados acuerdos son demasiado largos, y las condiciones pactadas para el período transitorio en beneficio de los habitantes actuales de esos enclaves les parecen excesivas. En cualquier caso, el éxodo que han originado en Hong-Kong los incidentes de Tien An Men y la cruenta represión por el gobierno chino de la revuelta de los estudiantes de junio de 1989, han demostrado la fragilidad de los acuerdos.
El Peñón de Vélez de la Gomera, según un grabado antiguo. Archivo fotográfico D. del Pino
El hecho de que la reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla y las islas e islotes no se manifiesten con la misma crispación con que se manifestó en el pasado, debido a la ventilación pública de las manifestaciones respectivas, no quiere decir que el tema haya sido olvidado o deje de estar presente, como antes, en toda negociación.
La propuesta de una Célula de Reflexión demuestra que el monarca marroquí actúa en este asunto con un plan por etapas perfectamente diseñado, o al menos así lo parece. Una vez planteada por Marruecos su reivindicación en los organismos internacionales periféricos de la ONU – Unión de Parlamentos Árabes, Interafricana Socialista, Liga Árabe, Organización para la Unidad Africana -, la etapa que la petición de una célula común de reflexión pretende es la de intentar atraer al debate al propio gobierno español y a los partidos españoles.
La estrategia seguida por Marruecos todos estos años de lograr, sobre todo, que sean los propios españoles, partidos, prensa, gobierno e instituciones intermedias, los que discutan y debatan el asunto, le ha dado plenos resultados. La proliferación de sondeos de opinión en España, las declaraciones de los partidos políticos, las alusiones en la prensa, le han servido a Marruecos para constatar que los españoles están divididos en su apreciación del problema que plantea la reivindicación marroquí.
Junto a ello, Marruecos dispone de dos importantes bazas: su capacidad de influir sobre algunos sectores intelectuales, periodísticos o comerciales españoles, y su posibilidad de presionar a la mayoría de los marroquíes, naturalizados o no, que viven en Ceuta y Melilla pero que tienen a sus familias en Marruecos.
La aplicación indiscriminada a los habitantes marroquíes de Ceuta y Melilla de la Ley de Extranjería, promulgada en 1985, ha mantenido en primera línea de la actualidad en Marruecos, y de rechazo en España, un problema frente al cual españoles y marroquíes demuestran una gran sensibilidad.
La siguiente etapa, inevitable para España, de la exigencia del visado de entrada por sus fronteras a los magrebíes, permite anticipar nuevas fricciones tanto por la importancia de la población marroquí que diariamente pasa a Ceuta y Melilla, como por ser ambas la puerta de la Comunidad Europea para el Norte de África.
Notas al texto:
